El hecho, de por sí bochornoso y repugnante, tiene el repudio y rechazo absoluto de todos aquellos que veneran y protegen los principios esenciales que dieron origen a la nación, y sus autores materiales deben ser castigados como manda la ley.
La Prensa dominicana ha reaccionado consternada, con justa razón, frente al atropello del cual fue objeto el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, adjunto a funcionarios de dicha institución, así como periodistas y camarógrafos del periódico Listín Diario y la Cadena SIN.
El hecho ocurrió el lunes pasado, cuando acudieron al Centro de Retención Vehicular El Coco, (Canódromo), la sede del depósito de vehículos retenidos por la DIGESETT, para investigar denuncias públicas de abusos a la ciudadanía, usurpación de propiedad, chantaje y corrupción en ese lugar.
La manera grotesca y brutal como reaccionaron los cancerberos de dicho lugar, encabezados por la coronela a cargo y su preboste, ante la presencia inesperada de la autoridad legítima avalada por la Constitución nacional, refleja el grado de ignorancia con la que cierta autoridad con uniforme interpreta de manera caprichosa, antojadiza y autoritaria los mandatos y procedimientos institucionales.
La violenta reacción de los “encargados” de dicho lugar, quienes la emprendieron a golpes, empujones y otros vejámenes físicos y verbales contra quienes realizaban su labor pública allí y aspiran a que la República Dominicana sea un país mejor, transparente y civilizado, sugiere un problema de fondo en la conducta del tejido social dominicano.
A la vez, reflejan el grado profundo de incapacidad de ciertos ciudadanos, investidos con o sin poder –pero sin sentido común–, para superar las diferencias en el marco de la razón social que constituye la relación entre institución-ciudadanos en un Estado de derecho.
La agresión vergonzosa y arrogante, con tintes de soberbia y prepotencia que rememoran épocas ya superadas, constituye además un llamado de atención a las autoridades superiores para que inicien cuanto antes un proceso de educación social consciente. Más aun, entre aquellos subalternos que, en democracia, no comprenden de razones ni procedimientos, y a quienes les resultas más fácil apelar al supremo recurso de la violencia para imponerse.
El hecho, de por sí bochornoso y repugnante, tiene el repudio y rechazo absoluto de todos aquellos que veneran y protegen los principios esenciales que dieron origen a la nación, y sus autores materiales deben ser castigados con todo el peso de la ley.
Además, la Justicia debe dar un ejemplo contundente con los responsables para que en el futuro no se repita esa conducta deleznable de quienes se espera exhiban un proceder permanente de civilidad y tolerancia.
En verdad, que el lugar no podía ser más idóneo para reflejar ese tipo de accionar reprochable y cavernícola. Confiamos en que habrá consecuencias ante semejante conducta bárbara e irresponsable, más allá de simples procedimientos burocráticos y de paños tibios. La arraigada cultura del autoritarismo y la corrupción, esa mancuerna tan profunda en la psiquis nacional, debe desaparecer.
