Para nadie es un secreto que esa conducta deleznable de espiar los dispositivos privados o de ciudadanos influyentes o comunes, salvo que sea la orden de un juez, vulnera derechos tan elementales como los de la libre expresión y la privacidad de la comunicación.
La denuncia reciente hecha por Amnistía Internacional sobre el hallazgo del software Pegasus para espionaje telefónico en el móvil de la periodista Nuria Piera en el país, plantea una vez más la necesidad de detener esa práctica que vulnera los derechos ciudadanos.
Para nadie es un secreto que esa conducta deleznable de espiar los dispositivos privados o de ciudadanos influyentes o comunes, salvo que sea la orden de un juez, vulnera derechos tan elementales como los de la libre expresión y la privacidad de la comunicación.
Su daño es aún mayor entre profesionales responsables de la prensa, quienes con su labor pública contribuyen a fortalecer los pilares básicos de la institucionalidad y la democracia representativa.
Desde hace mucho tiempo esa práctica ha sido asidua en el país. Las operaciones y servicios de escuchas telefónicas es un negocio que rinde pingües beneficios, públicos o privados, desde la oscuridad y la impunidad.
Tanto así, que ya muchos ciudadanos ni se inmutan, según la coyuntura política, social o privada de las partes interesadas. Además de violar los derechos ciudadanos, la indeseable práctica socava la confianza pública en las instituciones y el debido proceso.
Amnistía Internacional pidió sin demora una investigación independiente, imparcial y transparente. Ojalá este reclamo no caiga en saco roto…
