El portavoz del Departamento de Estado se negó a comparar la situación en Ecuador con lo ocurrido en diciembre en Perú, cuando el entonces presidente Pedro Castillo tomó la decisión de disolver el Congreso y declarar un “gobierno de excepción”, lo que llevó a su posterior arresto. (Foto: Fuente externa).

Estas revocaciones de visas “demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos”, dijo un portavoz.

Washington, D.C.—El gobierno de los Estados Unidos retiró las visas a un centenar de funcionarios de la legislatura y del sistema judicial de Nicaragua, anunció el Departamento de Estado.

Un comunicado subraya que “se ha impuesto restricciones de visa a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del sistema judicial nicaragüense, incluidos fiscales y jueces, así como a algunos de sus familiares. El Departamento ha revocado todas las visas estadounidenses que tenían estas personas.”

El anuncio señala que en el contexto de Nicaragua, “la política de restricción de visas del Departamento se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos, y a miembros de la familia inmediata de dichas personas.”

En específico, el Departamento de Estado indica que “los objetivo de la acción de hoy ayudaron a permitir los ataques del régimen de Ortega-Murillo a la democracia y los derechos humanos, incluyendo:

  • Arrestar a 26 opositores políticos y actores a favor de la democracia, incluidos seis contendientes presidenciales, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos;
  • Aprobar leyes represivas, incluida la legislación electoral, una ley de «delitos cibernéticos», una ley de «agentes extranjeros» y una ley de «soberanía», que han servido para restringir y criminalizar el discurso, la disidencia y la participación política;
  • Buscando hostigar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes; y
  • Socavando las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua.

Estas revocaciones de visas demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos.

El anuncio concluye que «Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas.»