Las autoridades federales alertan que continúa el nivel histórico de medidas coercitivas durante la emergencia sanitaria nacional. (Foto: Fuente externa).

A la fecha, el Departamento de Justicia ha encartado a 474 personas acusados de delitos penales basados en esquemas de fraude relacionados con la pandemia.

Washington, D.C.–El Departamento de Justicia anunció la actualización sobre los esfuerzos de ejecución penal y civil para combatir el fraude relacionado con COVID-19, incluidos esquemas dirigidos al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) y los programas de Seguro de Desempleo, (UI).

A la fecha, el Departamento de Justicia ha acusado públicamente a 474 acusados de delitos penales basados en esquemas de fraude relacionados con la pandemia de COVID-19.

Estos casos involucran intentos de obtener más de US$ 569 millones del gobierno de EE.UU. Y personas desprevenidas mediante fraude y se han presentado en 56 distritos federales de todo el país.

Los procesos reflejan un grado de alcance, coordinación y experiencia que es fundamental para que los esfuerzos de ejecución contra el fraude relacionado con COVID-19 tengan un impacto significativo y también es emblemático de la respuesta del Departamento de Justicia a las infracciones penales.

“El Departamento de Justicia ha liderado una iniciativa histórica de ejecución para detectar e interrumpir los esquemas de fraude relacionados con COVID-19”, dijo el Procurador General, Merrick B. Garland.

Añadió que “El impacto del trabajo del departamento hasta la fecha envía un mensaje claro e inconfundible a aquellos que aprovecharían una emergencia nacional para robar recursos financiados por los contribuyentes de personas vulnerables y pequeñas empresas.»

«Estamos comprometidos con la protección del pueblo estadounidense y la integridad de las líneas de vida críticas que les proporcionó el Congreso, y continuaremos respondiendo a este desafío”.

“Para cualquiera que esté pensando en utilizar la pandemia global como una oportunidad para estafar y robar a los estadounidenses trabajadores, mi consejo es simple: no lo haga”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.

«No importa dónde se encuentre o quién sea, lo encontraremos y lo procesaremos con toda la extensión de la ley».

«No permitiremos que los ciudadanos estadounidenses o los programas de beneficios críticos que se han creado para ayudarlos sean atacados por aquellos que buscan aprovechar esta emergencia nacional», dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian M. Boynton, de la División Civil del Departamento de Justicia.

«Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los malhechores y salvaguardar los fondos de los contribuyentes.»

En marzo de 2020, el Congreso aprobó un proyecto de ley de ayuda económica de 2,2 billones de dólares conocido como Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES), diseñado para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia del COVID-19.

Anticipándose a la necesidad de proteger la integridad de estos fondos de los contribuyentes y de proteger a los estadounidenses del fraude relacionado con la pandemia de COVID-19, el Departamento de Justicia de inmediato puso en marcha múltiples esfuerzos dedicados a identificar, investigar y enjuiciar dicho fraude.