Según las autoridades, el exrepresentante federal por la Florida, David Rivera, habría recibido más de 5 millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Poder Ejecutivo y lavado de dinero proveniente de actividades delictivas
Washington, EEUU — Un gran jurado del Distrito de Columbia presentó ayer una acusación formal acusando a David Rivera, de 59 años, de Miami, de un presunto plan para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y lavar fondos para ocultar y promover su conducta criminal.
Un comunicado del Departamento de Justicia precisa que, como se alega en la acusación, desde aproximadamente junio de 2019 hasta aproximadamente abril de 2020, Rivera llevó a cabo un plan para brindar servicios de consultoría y cabildeo al empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín.
El magnate venezolano figuraba en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) el 8 de enero de 2019, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La imputación federal señala que en nombre de Gorrín, “Rivera intentó presionar a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido un alto funcionario del Poder Ejecutivo del gobierno de Estados Unidos (Funcionario gubernamental 1), para que eliminaran a Gorrín de la Lista SDN.”
Añade que Rivera presuntamente recibió más de 5,5 millones de dólares por estas actividades y deliberadamente no se registró de conformidad con la FARA, como lo exige la ley.
La acusación señala que “Para ocultar y promover sus actividades delictivas, Rivera creó empresas fantasma fraudulentas utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el Funcionario de Gobierno-1 para dar la falsa apariencia de que las empresas fantasma eran legítimas.”
“En realidad, estas entidades no estaban afiliadas al bufete de abogados ni al Funcionario de Gobierno-1, y ni el bufete de abogados ni el Funcionario de Gobierno-1 sabían que Rivera había creado empresas fantasma en sus nombres”, señala el comunicado del Departamento de Justicia.
A David Rivera se le imputa presuntamente de haber utilizado el dinero que recibió de sus actividades delictivas “para pagar a personas que lo ayudaron en sus esfuerzos por presionar a altos funcionarios del gobierno en nombre de Gorrín, incluso haciendo pagos a través de una de las empresas fantasma.”
La oficina de campo del FBI en Miami está investigando el caso.
