De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de 250.000 dólares por cada cargo de cargos de fraude por correo y cable y una multa máxima de 500.000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, el encausado fue identificado como César Gómez Almonte, alias Jhonny Gómez y/o Johnny Gómez, de 51 años, a quien se le imputa ser miembro de una red de narcotráfico con sede en República Dominicana

Washington, EEUU — Un jurado federal del Distrito de Columbia declaró culpable el pasado 30 de noviembre a un ciudadano de República Dominicana por una conspiración para tráfico de drogas.

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio por jurado, el encausado fue identificado como César Gómez Almonte, alias Jhonny Gómez y/o Johnny Gómez, de 51 años, a quien se le imputa ser miembro de una red de narcotráfico con sede en la República Dominicana.

Los fiscales alegaron en la corte federal que la red facilitó el transporte de cargamentos de varios centenares de kilos de cocaína en un barco desde el Caribe hacia los Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que la red de tráfico de drogas ocultó el cargamento en un compartimento de la nave, encubriendo las operaciones y la verdadera propiedad de las embarcaciones utilizadas para transportar cocaína.

Los fiscales precisaron que el papel de Gómez Almonte en la organización era buscar y adquirir nuevos barcos que la red pudiera utilizar para futuras empresas de drogas.

Además, le imputan coordinar la transferencia de la carga de una embarcación utilizada en una empresa de drogas anterior, e intermediar en el uso de otra embarcación para un cargamento de cocaína a sabiendas de que su destino era los Estados Unidos.

En diciembre 12 de 2020, Gómez Almonte fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami. El jurado lo declaró culpable por conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína hacia Estados Unidos. La fecha de sentencia fue fijada para el 20 de febrero de 2024. La condena mínima obligatoria sería de 10 años de prisión y la máxima legal, cadena perpetua.

Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier otra sentencia tras considerar las directrices de sentencia y otros factores estatutarios en la Justicia de los Estados Unidos.

La fiscal general Adjunta interina Nicole M. Argentieri, de la División Criminal del Departamento de Justicia, y el agente especial a cargo, Iván J. Arvelo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York, formularon el anuncio.

El caso tuvo el apoyo de las Fuerzas de Tarea contra la Delincuencia Organizada y el Control de Drogas (OCDETF). El HSI New York investigó el caso.

Además, participaron la fiscal Melanie L. Alsworth y los abogados Samantha Thompson y Janet H. Turnbull, de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División Criminal, la cual procesa el caso.

La Oficina de Asuntos Internacionales y Aduanas y Protección Fronteriza de la Subdivisión de Aire y Marina de Miami, Florida, también proporcionó asistencia significativa.