«¿El Gobierno de RD es racista?”, le cuestiona la congresista María Elvira Salazar al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una audiencia en el Congreso respecto a un informe sobre supuesto racismo contra turistas afroamericanos en el país.
Miami, EEUU — El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se presentó el pasado 23 de marzo frente al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en cuya cita tuvo que responder preguntas sobre su agenda de prioridades y política exterior para el 2024.
Durante la intervención de la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, esta le cuestionó a Blinken sobre la República Dominicana y el aviso emitido por los Estados Unidos el pasado noviembre de 2022, en el que advirtió a los ciudadanos afroamericanos no visitar Quisqueya porque “se están realizando acciones migratorias basadas en el color de piel de las personas”.
“¿Cree usted que el gobierno actual (de República Dominicana) es racista?, ¿sí o no?”, fue la primera pregunta de Salazar a Blinken.
A la pregunta, el secretario de Estado de Estados Unidos respondió con un categórico: NO.
La intervención de la representante republicana duró cinco minutos y dedicó dos de estos a disputar con el secretario de Estado el por qué emitir una prohibición de viaje hacia la República Dominicana y afectar la economía de la nación, “específicamente el turismo”.
Blinken destacó que su responsabilidad número uno es cuidar de los estadounidenses, y que la alerta de viajes de estadounidenses al país se emitió en virtud de los datos obtenidos al indagar la inquietudes de la situación en particular.
“Trabajamos con el Gobierno de República Dominicana en repetidas ocasiones antes de publicar ese aviso, para tratar de abordar las inquietudes que se había planteado”, respondió Blinken, al responder a las preguntas de la representante federal.
Durante mucho tiempo, distintos gobiernos en la República Dominicana han asegurado que existe una campaña internacional por partes interesadas empeñadas en propalar la idea de que el país mantiene una política de descriminación contra personas de color, sobre todo cuando aplica sus leyes de inmigración a migrantes indocumentados, amparado en acuerdos avalados por principios internacionales.
