Ello se produjo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante una reunión en la que participó también la República Dominicana
Washington, DC. – Estados Unidos continúa sus esfuerzos para que se respete la voluntad popular en Venezuela, tras las elecciones recientes. En este sentido, reiteran su apoyo al respeto de los principios democráticos y el ejercicio de los derechos humanos en ese país.
El gobierno de los Estados Unidos y de los países firmantes, incluida la República Dominicana, alerta sobre «la represión generalizada y continuada, así como por los abusos y violaciones de derechos humanos denunciados tras las elecciones», según se indica en una nota enviada a este medio a través de un portavoz del Departamento de Estado.
A continuación el texto de una declaración conjunta de los Gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, la República Dominicana, Estonia, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos, y la Unión Europea.
«Treinta y un países nos reunimos al margen de la Asamblea General de la ONU para dialogar sobre nuestra grave preocupación por la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y el ejercicio de los derechos humanos en ese país.
Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de las importantes dificultades. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto.
Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han pasado casi dos meses desde las elecciones y los llamamientos a la transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta.
Los observadores electorales internacionales han documentado su grave preocupación sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral, en particular por la negativa de la Comisión Nacional Electoral a publicar los resultados de los centros de votación detallados e independientemente verificables, como es preceptivo.
Permanecemos profundamente preocupados por la represión generalizada y continuada, así como por los abusos y violaciones de derechos humanos denunciados tras las elecciones.
Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarios (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil.
En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de arresto motivada políticamente emitida el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que según los registros electorales públicamente disponibles recibió la mayor cantidad de votos en las elecciones del 28 de julio, hizo que se viera obligado a abandonar el país.
Llamamos a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Hacemos un llamado a que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil.
También solicitamos el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y que se produzcan las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato.
Además, hacemos un llamamiento a Venezuela a que respete y cumpla sus compromisos en virtud del Derecho Internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, proporcionando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que residen actualmente en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles abandonar el territorio venezolano.
Ha llegado el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien conversaciones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes a fin de resolver el estancamiento político del país y restaurar las instituciones democráticas pacíficamente de conformidad con la legislación venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio.
Concluye el documento afirmando que, «permanecemos junto a los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y para su país.»
