Alrededor de 261.000 casos de inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación están pendientes en el tribunal de Miami, la lista de casos más grande del país.

En EEUU existen más de 3 millones de casos de inmigrantes que esperan la decisión de los tribunales sobre su estatus migratorio en el país Alrededor de 261.000 casos de inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación están pendientes en el tribunal de Miami, la lista de casos más grande del país. Esto es más o menos lo mismo que los que estaban pendientes en todo el país hace una docena de años, dijo Austin Kocher, profesor de la Universidad de Syracuse

Miami, EEUU — Ocho meses después de cruzar el río Grande hacia Estados Unidos, una pareja de veintitantos años se sentó en un tribunal de inmigración en Miami con sus tres hijos pequeños. A través de un intérprete, pidieron a un juez que les diera más tiempo para encontrar un abogado que les ayudara a solicitar asilo y no ser deportados de regreso a Honduras, donde las pandillas los amenazaban.

La jueza Christina Martyak aceptó una prórroga de tres meses y remitió a Aarón Rodriguéz y Cindy Baneza a la asistencia jurídica gratuita proporcionada por la Arquidiócesis Católica de Miami en el mismo tribunal, y su caso es aún uno de los 3 millones sin precedentes que en este momento siguen pendientes en los tribunales de inmigración de todo Estados Unidos.

Impulsada por aumentos récord en el número de inmigrantes que buscan asilo tras ser detenidos por cruzar la frontera ilegalmente, la acumulación de casos en los tribunales ha aumentado en más de 1 millón durante el último año fiscal y es ahora el triple de lo que era en 2019, según datos del gobierno compilados por la Transactional Records Access Clearinghouse (Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales) de la Universidad de Syracuse.

A jueces, abogados y defensores de los inmigrantes les preocupa que esto esté haciendo inviable un sistema ya saturado, porque suelen requerirse varios años para otorgar a los solicitantes de asilo una nueva vida estable y deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en el país, informa nuestra emisora aliada la Voz de América.

“A veces ya las esperanzas se hunden”, dijo Mayra Cruz después de que Martyak también concedió una prórroga a su caso porque la migrante peruana no tiene abogado.

“Pero aquí me he sentido más tranquila”, agregó Cruz, quien dijo que tuvo que huir sólo “con lo puesto que teníamos” junto con su pareja y sus hijos tras repetidas amenazas de las pandillas.

Alrededor de 261.000 casos de inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación están pendientes en el tribunal de Miami, la lista de casos más grande del país. Esto es más o menos lo mismo que los que estaban pendientes en todo el país hace una docena de años, dijo Austin Kocher, profesor de la Universidad de Syracuse.

La acumulación de casos incluye a inmigrantes que han estado en Estados Unidos por décadas y fueron detenidos por cargos no relacionados, pero la mayoría son nuevos solicitantes de asilo que declaran temor a la persecución si son deportados, agregó.

Los tribunales con casos acumulados, administrados por el Departamento de Justicia, a menudo reciben poca atención en los debates sobre inmigración, incluidas las actuales negociaciones en el Senado sobre la propuesta de 110.000 millones de dólares del gobierno del presidente Joe Biden, las cuales vinculan la ayuda a Ucrania e Israel con el asilo y otros cambios en la política fronteriza.

Cuando las autoridades estadounidenses detienen a los inmigrantes en la frontera, muchos son liberados con un registro de su detención e instrucciones de comparecer ante el tribunal de la ciudad a la que se dirigen.

Esa información se transmite desde el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Justicia, cuya Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración dirige los tribunales. Pero a jueces, abogados y defensores de los inmigrantes les preocupa que esto esté haciendo inviable un sistema ya saturado, porque suelen requerirse varios años para otorgar a los solicitantes de asilo una nueva vida estable y deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en el paso que pueda programarse una audiencia inicial.