El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, durante una conferencia de prensa. (AP Photo/Nathan Howard)

Las medidas son en respuesta a acciones del gobierno de Maduro. El gobierno de Estados Unidos no renovará las licencias que alivian algunas sanciones a la industria petrolera de Venezuela cuando expiren en abril ante el incumplimiento de los acuerdos de Barbados. «Es la última oportunidad”

Washington, EEUU — El gobierno de los Estados Unidos no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, anunció el martes Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre”, argumentó el gobierno estadounidense en un comunicado.

Tras la firma del acuerdo de Barbados entre el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición, EEUU emitió la licencia general 44 que alivia de manera temporal las sanciones sobre el sector del petróleo y gas venezolano. En ese entonces advirtió que las medidas serían revocadas si no se evidenciaban avances en los compromisos, informa la Voz de América.

“A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril”, precisa el comunicado.

Además, reiteró que revocó una licencia general que autorizaba transacciones relacionadas con Minerven, la empresa de oro estatal de Venezuela.

“Las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia”, precisa.

La cancillería venezolana repudió el anuncio de EEUU que considera un “ultimátum contra toda la sociedad venezolana” y una forma de “desestabilizar” la economía y el bienestar de los ciudadanos.