El Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y al exministro de Planificación, Miguel De Vido, a quienes les imputa participación en importantes actos de corrupción
Washington, EEUU – El gobierno de los Estados Unidos colocó en la lista de no admisible al país a a la expresidenta argentina Cristina Fernández y al exministro Julio Miguel De Vido, por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato público.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció en un comunicado la designación de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (“CFK”), expresidenta de Argentina, y Julio Miguel De Vido (“De Vido”), exministro de Planificación de Argentina, “por su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público.”
Esta medida impide que CFK, De Vido y sus familiares directos puedan entrar en los Estados Unidos.
La medida subraya que la exmandataria argentina y el exministro De Vido “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino.”
Subraya que “múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina.”
El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que “Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno.”
Estas designaciones públicas se realizan en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024 (Div. F, PL 118-47), modificada por las Asignaciones Continuas de 2025 (Div. A, HR 1968) (“Sección 7031(c)”).
La Sección 7031(c) exige al Secretario de Estado designar, pública o privadamente, a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que tenga información fidedigna de participación en actos significativos de corrupción o en una grave violación de los derechos humanos.
