Roberto Hernández Basilio también resaltó el apoyo del Estado dominicano en las labores para la eliminación del hacinamiento en los centros penitenciarios. Resaltó que con el apoyo del Estado dominicano está siendo posible alcanzar la meta propuesta de bloquear la señal telefónica en los recintos penitenciarios.
Santo Domingo, República Dominicana — Al presentar sus memorias de gestión correspondientes a los años 2020-2024, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, dijo que con el apoyo del Estado dominicano está siendo posible alcanzar la meta propuesta de bloquear la señal telefónica en los recintos penitenciarios.
El responsable del sistema penitenciario nacional destacó también que las construcciones de nuevos centros que se encuentran en fase de terminación y de readecuación, con la colaboración del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), son la punta de lanza de las mejoras que durante años ha venido demandando la sociedad dominicana en el sistema de prisión del país.
Señaló que el apoyo brindado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en la persona de su presidente, Guido Gómez Mazara, quien dijo lo ha acompañado en los recorridos realizados por todos los centros penitenciarios del país, como parte del proyecto de bloqueo de señales telefónicas, el cual adelantó que en poco tiempo estará en funcionamiento.
Dijo que en su gestión los trabajos en favor de la reinserción social de los privados de libertad, a través de la educación, la salud y las terapias ocupacionales, han sido los protagonistas.
En el acto de presentación de memorias gestión, celebrado en el salón Eduardo Latorre, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el director general de la DGSPC sostuvo que los cambios de la infraestructura penitenciaria no solo contribuyen con la mejora en las condiciones de vida de los privados de libertad, sino, que también dignifican la labor del personal penitenciario.
En su discurso central de rendición de cuentas, tal y como lo establece el artículo 1 de la ley 1004, que impone a todos los funcionarios rendir cuentas, Roberto Hernández Basilio detalló a grandes rasgos que más de 18 mil privados de libertad cuentan con un seguro de salud a través del régimen subsidiado del Servicio Nacional de Salud (SeNaSa), además de contar con una red de médicos generales de diferentes especialidades.
Destacó que con los programas de tratamiento implementados en materia de educación, religión y deportes han logrado al día de hoy que más de diez mil personas privadas de libertad hayan culminado sus estudios a nivel básico hasta llegar al universitario.
«Ello desmuestra una mayor fortaleza en la capacitación técnica, citando como referencia la reciente entrega de más de siete mil certificaciones a privados de libertad capacitados en más de 474 acciones formativas, a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep)», afirmó el funcionario.
