La empresa Delta Air Lines acuerda pagar 8,1 millones de dólares para resolver presuntas violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas relacionadas con el Programa de Apoyo a la Nómina sobre fondos federales disponibles durante la pandemia
Washington, EEUU – La empresa Delta Air Lines Inc., con sede en Atlanta, Georgia, acordó pagar $8,100,000 para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamos Falsos al otorgar compensaciones a ciertos funcionarios y empleados corporativos que excedieron los límites de compensación que Delta acordó como parte de su participación en el Programa de Apoyo a la Nómina del Departamento del Tesoro (PSP).
El PSP fue establecido por el Congreso en marzo de 2020, en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, para brindar apoyo salarial a las aerolíneas de pasajeros y carga, así como a ciertos contratistas, a fin de que continuaran pagando los sueldos, salarios y beneficios de sus empleados, informa un comunicado del Departamento de Justicia federal.
El programa fue administrado por el Departamento del Tesoro (Tesoro), y las aerolíneas participantes debían firmar acuerdos escritos con el Tesoro que imponían ciertas condiciones a cambio de recibir los fondos del PSP.
Entre otros requisitos del programa, los acuerdos del PSP incluían limitaciones al monto de la compensación que los participantes podían pagar a ciertos directivos y empleados corporativos con una remuneración anual superior a $425,000.
Delta celebró acuerdos de PSP con el Tesoro en 2020 y 2021, en virtud de los cuales aceptó los límites de compensación del PSP. El acuerdo resuelve las acusaciones de que, entre marzo de 2020 y abril de 2023, Delta otorgó indemnizaciones a algunos directivos y empleados corporativos que excedían los límites establecidos en los acuerdos de PSP.
Según las autoridades, Delta presuntamente infringió la Ley de Reclamaciones Falsas al certificar incorrectamente el cumplimiento de los requisitos del PSP en los informes trimestrales presentados al Tesoro, así como al no notificar al Tesoro sobre la infracción una vez que Delta la descubrió, lo que le habría dado al gobierno el derecho a exigir la devolución de los fondos.
“El PSP tenía como objetivo brindar asistencia crucial a la industria aérea durante la pandemia”, declaró el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia. “El departamento se compromete a exigir responsabilidades a quienes incumplieron las condiciones que rigen la recepción y el uso de fondos federales”, indica el comunicado.
