La exsenadora colombiana Aída Merlano huyó a Venezuela en 2019 tras ser condenada a 5 y 11 años de cárcel en dos procesos judiciales por compra de votos.
Bogotá, Colombia — La excongresista colombiana Aída Merlano, quien se fugó de las autoridades en octubre de 2019 cuando cumplía una condena por compra de votos, llegará a Colombia procedente de Venezuela este viernes 10 de marzo.
Su abogado, Miguel Ángel del Río, confirmó que el traslado desde Venezuela, donde permanecía en custodia de las autoridades de ese país, comenzó en las primeras horas del día.
El Gobierno de Colombia había solicitado su extradición el pasado 9 de febrero, cuando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer que en el marco de la reactivación de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el presidente Gustavo Petro le solicitó a Nicolás Maduro la extradición de Merlano.
“Ahora que se reactivaron las relaciones diplomáticas con Venezuela hemos comenzado el trámite para su extradición», apuntó Osuna en ese momento.
El proceso de extradición tiene lugar también después que la propia excongresista pidió a Petro que solicitara a Venezuela su extradición.
Merlano hizo su solicitud durante una audiencia en un proceso que se adelanta contra el empresario Julio Gerlein por la presunta compra de votos en el departamento del Atlántico, en el Caribe de Colombia, durante las elecciones al Congreso para el año 2018.
“Aprovechar el espacio que tengo ante esta audiencia pública, para solicitarle muy respetuosamente por este medio al presidente Gustavo Petro que solicite cuanto antes mi extradición a Colombia», dijo Merlano en audiencia virtual ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
En un comunicado, la Cancillería de Colombia confirmó que la excongresista está siendo deportada hacia Colombia.
Aída Merlano Rebolledo, fue condenada a 5 y 11 años de cárcel en dos procesos judiciales de la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral. Asimismo, también está vinculada como testigo en otros procesos que se adelantan contra dos poderosos políticos y empresarios de la región Caribe, ambos posibles delitos electorales.
