Ante la complejidad y la rápida evolución de los delitos que se aprovechan de la internet, la institución también señala que es necesario la implementación de medidas preventivas al ciberataque.
Santo Domingo, República Dominicana – Ante el conocimiento en el Congreso del proyecto de ley con la ciberdelincuencia sometido por el Poder Ejecutivo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), recomienda examinar la pieza «desde una perspectiva integral» para dar con una norma «coherente a la diversidad y complejidad» propia de los ciberdelitos.
En el documento de consideraciones sobre el poyecto, FINJUS señala la importancia de revisar las penas para los delitos de difamación e injuria que sean cometidos a través de los sistemas de información y la internet, ya que cree que es «despropósito normativo», que prevé a una cuantía mayor a las establecidas para los mismos delitos cometidos fuera de estas plataformas.
«Se propone entonces la revisión de las penas propuestas entendiendo que la reacción penal del Estado, especialmente en delitos como estos, no descansa en el aumento de la pena pues no se corresponde al fin constitucional de la coerción», observó la entidad en el documento.
Ante la complejidad y la rápida evolución de los delitos que se aprovechan de la internet, la institución también señala que es necesario la implementación de medidas preventivas al ciberataque, en razón de su rápida evolución, dejando un margen de actuación reductivo a las autoridades solo en la etapa postdelictual.
FINJUS valoró el interés del Poder Ejecutivo de someter a un análisis participativo el proyecto normativo y ponderar las preocupaciones legítimas que se han generado en los diferentes sectores, pero indica que las discusiones «deberán trascender al foco relativo a la tensión generada respecto a la libertad de expresión.»
Además, «atendiendo también la necesidad de abordar aquellas cuestiones intrínsecas en materia de ciberseguridad, incluyendo a los representantes gubernamentales, académicos, empresas de telecomunicaciones y expertos en derecho y ciberseguridad para compartir información, conocer sus intereses y poder cubrir todos los aspectos relevantes de una eventual ley sobre ciberdelincuencia».
