La FJT asegura que la medida aprobada en el Senado “se trataría de una ley cargada de ambigüedades, insuficiencias, oscuridad y tipos legales abiertos, discrecionales e indeterminados.”

El jurista Trajano Vidal Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia, FJT, dijo que la medida es un atentado a la libertad de prensa y de expresión, y pidió al presidente Luis Abinader no permitir que en su gobierno sucumban las libertades amparadas en tratados internacionales y en materia de derechos humanos.

Santo Domingo, República Dominicana — la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó de aberración y atentado a la libertad de expresión y de prensa, la recién aprobada en primera lectura, por el senado de la república.

Advirtió que la “ley que busca, supuestamente regular el ejercicio para la protección civil de los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen, todo ello en violación a la Constitución y tratados internacionales, en materia de derechos humanos.”

La entidad cívica entregó y dio a conoce el presente análisis, en rueda de prensa, encabezada por sus principales directivos, Trajano Potentini, quien fungió como vocero, en compañía de Cándido De Jesús, Henri Adames y Cesar Noboa, en el salón de actos de la FJT.

Vidal Potentini añade que el referido proyecto legislativo, el cual consta de 24 artículos, con una redacción breve y poco desarrollada, fue sometido por la senadora, Melania Salvador, por la provincia Bahoruco.

El jurista asegura que la medida es “todo un verdadero despropósito, para blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos, de los cuestionamientos que en democracia le corresponden a los ciudadanos y a la prensa formular, una ley mordaza y de censura previa, que pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y de quienes en un ejercicio cívico y democrático generan opinión pública y crítica.”

La FIJ subraya que “se trataría de una ley cargada de ambigüedades, insuficiencias y oscuridad, además de muchos términos y tipos legales abiertos, discrecionales e indeterminados.”

Agrega que son “también violatorios a la Constitución de la República y descontextualizados de los derechos fundamentales, a la información, y libertades de expresión y de prensa, los cuales configuran una condición instrumental e indispensable, para el ejercicio de la democracia en cualquier país.”

Vidal Potentini asegura que “en suma, de concretarse la aprobación de la ley mordaza, tendríamos un escenario de guerra en los tribunales de la república, en contra de los medios de comunicación y de todo aquel que ose cuestionar a cualquier político o funcionario público”.

Advierte les otorgaría “un fuero especial y privilegiado, en la aplicación de esta ley, a su entero servicio y como si se tratara de un traje a la medida, para operar el manejo de la cosa pública, a sus anchas y sin quejas o cuestionamientos, de ningún tipo.”

Como muestra, el jurista de la FJT pone de ejemplo el Artículo 12, bajo el epígrafe de exención de intromisión ilegítima, “se entroniza de entrada, un término incorrectamente utilizado, puesto que lo ilegítimo, es fruto de una condición o apreciación subjetiva, a partir de algunas acciones ejecutadas y que sean valoradas, apoyadas y aceptadas por una comunidad o segmento social.”

Señala que “lo correcto sería intromisión ilícita, no obstante, el punto capital es que en los numerales 2 y 3, del referido artículo, se concede una especie de patente de corso, para los legisladores, un privilegio irritante, ya que estos gozarían de inmunidad en sus pronunciamientos 24/7.”

Explica que dice el proyecto en el ejercicio de sus funciones, “no se trata de la inmunidad parlamentaria o legislativa, en sus respectivas cámaras, sino en todo momento que estén investido con el puesto de senador o diputados, estamos hablando que podrán en un plano de desigualdad, con los ciudadanos, vilipendiar a estos últimos, sin consecuencias al abrigo de la ley.”

“Esta barbaridad también se hace extensiva a los poderes del estado y altas cortes, todos ellos marginados de la ley, para todos los informes y memorias y otros documentos que impriman, en suma, podrán estos poderes públicos difamar sin consecuencias alguna.

La FJT advierte de concretarse ley mordaza, «tendríamos un escenario de guerra en los tribunales en contra de los medios de comunicación y de aquellos que osen cuestionar a políticos o funcionarios.»