- El estudio atribuye principales causas de la delincuencia en República Dominicana al alto costo de la vida, el tráfico y consumo de drogas y la migración ilegal haitiana.
- Dominicanos apoyan y justifican el linchamiento e intercambio de disparo como herramientas de lucha contra la delincuencia.
Santo Domingo, República Dominicana — La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), bajo los auspicios técnicos de la empresa, Serví Marketing Interactivo, SMI, SRL., realizó durante los primeros 15 días del mes de noviembre, del presente año 2022, un estudio-diagnóstico, sobre la percepción que tienen los dominicanos, sobre la seguridad ciudadana y sus causales.
El estudio denominado DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA, se aplicó en unas 11 provincias, en las que se concentran el 70%, de la población dominicana y más del 80% de toda la actividad criminal del país; a saber, el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Samaná, San Pedro de Macorís, Higüey, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona.
Se tomaron como muestra 1,300 encuestas personales y virtuales, divididas en 700 encuestas directas, mediante cuestionario y el resto, unas 600 muestras, vía medios electrónicos, con estimación del 5% de margen de error.
Las muestras presenciales recogieron e integraron elementos y características que la hacen representativa de la población dominicana, tomando en consideración para la selección de los porcentajes, el sexo, el segmento de edades, la ocupación y la clase social a la que pertenecen, a partir de los datos reflejados en el último censo nacional, realizado en el país, hacen ya décadas.
El presidente de la FJT, Trajano Potentini, explicó que la investigación tuvo como objeto principal, el recoger la percepción y opinión que tienen los dominicanos, sobre la seguridad ciudadana y las causas que estarían generando las actuales estadísticas existentes en el país, en materia de delincuencia común y criminalidad organizada.
El estudio resaltó, que el 80.7% de los entrevistados identifican como un grave y preocupante problema el auge de la delincuencia, incluso hasta justificando en un 66.3%, el llamado intercambio de disparo y los linchamientos de delincuentes, destacando que, durante lo que va del año 2022, el 28.5% de los dominicanos ha sido víctima, de por lo menos algún delito.
El estudio atribuye principales causas de la delincuencia en RD, al alto costo de la vida, el tráfico y consumo de drogas y la migración ilegal haitiana.
Asimismo, Potentini informó que la encuesta arrojó, como las tres principales causales de todo el activismo delincuencial, en primer lugar, el alto costo de la vida y la crisis económica, para un 28.8%, el narcotráfico y consumo de drogas, con un 17.6%.
A ello se suma la Migración Ilegal Haitiana, con un 15.4%, seguido de la corrupción, complicidad e impunidad, con un 12.2%, la falta de oportunidades y desempleo, con un 8.2%, la influencia y penetración de la música urbana, con letra explícita, sobre sexo, incitación a la violencia y al consumo de drogas, con un 4.1%.
También la educación deficiente, con un 3.4 %, entre otras variables, tales como: la crisis de valores, la pobreza, la desigualdad social, la desintegración familiar, etc…para un 10.3%.
Otros datos de interés sitúan a la Policía Nacional, en una escala de 0 a 100, con una credibilidad o valoración de apenas un 29%, seguido por el Poder Judicial, con un 39% y el Ministerio Público con una aceptación del 51%, dándole también una precaria aprobación al desempeño del gobierno dominicano, en materia de políticas públicas y combate a la delincuencia, de menos del 40%.
El referido diagnóstico también consideró el temor y la sensación de inseguridad que sienten los dominicanos, al estar expuestos a lugares hacinados, en soledad y con poca iluminación, también el estar en las calles a altas horas de la noche y preponderantemente el acercamiento de motoristas sin identificación. También resalta el que la mayoría de los encuestados, casi un 70%, toma conocimiento de la ocurrencia de crímenes y delitos, vía las redes sociales.
Los datos aquí servidos, además de otros detalles y variables, constituyen el insumo base y referencia para presentar a seguidas un plan piloto de medidas urgentes, las cuales sometemos a la consideración del gobierno y de la sociedad dominicana en pleno, como un aporte de la Fundación Justicia y Transparencia, en el interés y objetivo de contribuir a mejorar los niveles de seguridad pública y convivencia pacífica, en la República Dominicana.
De acuerdo con la entidad cívica, este análisis toma en consideración las causas que originan e inciden en el aumento y desarrollo de la actividad criminal, proponiendo y reiterando en algunos casos, el conjunto de medidas y recomendaciones sugeridas a continuación:
1.-Disponer de políticas públicas efectivas para aumentar la productividad de mercaderías y productos agropecuarios, apoyando con mayores recursos y logística, la agricultura y la industria nacional; además de ampliar los operativos del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), confrontando también la especulación y desorden en los precios de la canasta familiar.
2.- Ampliar los programas de prevención y persecución en contra del consumo y tráfico de drogas con acciones estratégicas y alternativas a la problemática, tales como apoyo al deporte y los clubes en las comunidades, operativos médicos, talleres y cursos de formación cívica y técnica, en fin, la intervención y apoyo de los barrios y comunidades.
3.- Desarrollarun plan de vigilancia y control migratorio riguroso y permanente en la frontera dominico haitiana, así como el aplicar, sin interferencias o presiones extranjeras las leyes migratorias vigentes.
4.-La urgente organización, controly seguimiento de la actividad del motoconcho y motoristas, identificándolos de manera rigurosa con un chaleco y casco protector numerado en grande, incluyendo al acompañante.
5.-Desarrollar un operativo masivo de electrificación, alumbrado e iluminación, además de la limpieza y el ornato de aquellas áreas y zonas previamente identificadas como vulnerables, todo ello a cargo del Ministerio de Energía y Minas, los ayuntamientos y obras públicas.
6.- Consensuar sobre la necesidad de crear una ley de prevaricación judicial que destierre la complicidad entre delincuente y autoridades, disponiendo además de mejores condiciones de vida para jueces y fiscales y apoyo logístico y recursos para cumplir de manera más efectiva con sus responsabilidades.
7.-Desplegar un patrullaje sostenible, estratégico y focalizado en las áreas de mayor riesgo. Asimismo, recuperar la matrícula de policías que hoy prestan servicios a particulares y funcionarios, todo ello en desmedro de su función y esencia, al ser el garante de salvaguardar la seguridad pública. También el disponer de mayor apoyo y capacitación técnica para los policías.
8.-La importación masiva e instalación de cámaras de seguridad en las vías y lugares públicos a cargo del gobierno, así como la exoneración de todos los impuestos a los equipos de vigilancia y la obligatoriedad de su instalación en los centros comerciales y negocios.
9.- La celebración de campañas nacionales, sobre la necesidad de combatir y prevenir la delincuencia, haciendo especial énfasis en la orientación y conocimiento sobre medidas preventivas contra la delincuencia. Las referidas campañas deberán también incluir de manera fundamental las redes sociales, sobre todo concientizando a la población de la necesidad de colaborar y ayudar en el combate a la criminalidad; así como la identificación y solución a posibles situaciones de peligro y vulnerabilidad, mediante el establecimiento y socialización de un protocolo mínimo de defensa y precaución ante la ocurrencia del delito.
10.- Establecer mediante disposición legal (ley o decreto), la obligatoriedad de incluir en los medios de comunicación nacionales, un mínimo de publicidad relativa al combate y prevención contra la criminalidad y con ello sensibilizar e integrar a la sociedad. También activar la comisión nacional de espectáculos públicos para controlar la música, con letras que atentan contra el orden público y las buenas costumbres.
