- A partir de ahora, la publicidad oficial será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a información veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía
- Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la rendición de cuentas, promover la transparencia y divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos
Santo Domingo, República Dominicana — El Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader promulgó este martes el Decreto 1-24 que regula la publicidad oficial y establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas e influenciadores de los medios digitales.
Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la rendición de cuentas, promover la transparencia y divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos.
Añadió que el decreto es parte de la segunda oleada de reformas de este año que se realizarán desde el Gobierno, para continuar controlando los gastos y que exista mucha más transparencia, lo cual ha sido uno de los objetivos del presidente Abinader.
Al responder preguntas a los medios de comunicación, el jefe de Estado afirmó que la discusión del Decreto 1–24 fue de alrededor de 4 meses y estuvieron involucrados todos los sectores.
El presidente aseveró que con esta medida manda un mensaje de que aquí hay que respetar los recursos del Gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales.
De su lado el director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel Florenzán, explicó que al iniciar un nuevo año, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para brindar información relevante y veraz sobre los servicios públicos.
La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos
En ese sentido, Pimentel manifestó que el gobierno del presidente Luis Abinader asumió el compromiso histórico de regular la publicidad oficial por primera vez en la historia de la República Dominicana, como una práctica de rendir cuentas para promover más transparencia y divulgar información que se considere de interés general en busca de seguir mejorando el gasto público y eliminar las distorsiones y dispendio del pasado en períodos electorales.
Las disposiciones de este decreto son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, las cuales serán monitoreadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).
A partir de ahora, la publicidad oficial será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a información veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía.
“Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los objetivos definidos en el propio Decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares”, destaca el decreto.
Asimismo, queda prohibida la utilización de publicidad oficial como subsidio o pago encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a comunicadores, personas, medios de comunicación social o a cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación, o las donaciones que, de forma personal o través de terceros vinculados, y bajo cualquier título o modalidad, sean realizadas por cualquier entidad del sector público estatal a favor de comunicadores, medios de comunicación social y cualquier otro sujeto o agente que reciba publicidad oficial o participe en el proceso de su contratación o distribución.
