El cardenal italiano Angelo Becciu, de 73 años, uno de diez acusados, es procesado por alegada malversación de fondos, abuso de poder y soborno de testigos en este caso cuyos primeros elementos comenzaron a aparecer en la prensa italiana en septiembre de 2019.
Ciudad de El Vaticano–La primera audiencia del mayor juicio por corrupción y malversación en la historia del Vaticano arrancó este martes en una sala de los Museos Vaticanos, donde va a comparecer por primera vez como imputado un cardenal, el italiano Angelo Becciu.
En la sala, acondicionada para la ocasión, el purpurado, que ocupó el cargo de Sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, será juzgado junto con un grupo de nueve acusados, entre empresarios y funcionarios de la Curia Romana.
El tribunal, presidido por el exjuez antimafia italiano Giuseppe Pignatone, tendrá la tarea de determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios o si se trató más de un sistema de corrupción interna liderado por jerarcas de la Iglesia católica.
Los acusados se enfrentan a varios años de prisión por fraude, malversación de fondos, extorsión, blanqueo de dinero y abuso de poder en un escándalo que incluye complicidades con el espionaje, paraísos fiscales y que ha generado un agujero de millones de euros en las cuentas vaticanas.
El caso además representa un reto para el papa Francisco, ya que revela el descontrol en las finanzas vaticanas, por lo que tuvo que iniciar una reforma interna, y de hecho saca a la luz los privilegios oscuros de varias entidades vaticanas.
Fondos de inversión y paraísos fiscales
El uso imprudente de parte del dinero para los pobres que cada año donan las iglesias de todo el mundo para las obras de caridad del Papa, también contribuyó al escándalo.
Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra, realizada en dos fases, de un lujoso edificio de 17.000 m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el sumo pontífice ha pedido desprenderse rápidamente.
La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.
En 2013-2014, la Secretaría de Estado pidió prestados más de 200 millones de dólares (la mayoría al Credit Suisse) para invertir en el fondo luxemburgués “Athena” del empresario ítalo-suizo residente en Londres, Raffaele Mincione.
El dinero fue prestado gracias a la reconocida solvencia del Vaticano. La mitad de la suma se destinó a la compra del 45% del edificio londinense y la otra mitad a inversiones en la bolsa. A Mincione se le imputa haber utilizado los fondos de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros, sostiene la fiscalía.
La Santa Sede, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.
Para ello, la Santa Sede eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 40 millones de libras esterlinas (55 millones de dólares) y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.
