Campaña de la SIP «Voces que reclaman justicia». Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que, si bien «la investigación sobre el asesinato de Garzón reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia, algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial, a 25 años de cometido el crimen».
Miami, EEUU — (13 de agosto de 2024) – Al cumplirse hoy 25 años del asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón Forero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le rinde homenaje como parte de su campaña «Voces que reclaman justicia», que insta a mantener vigente la memoria de reporteros caídos en cumplimiento de su labor informativa y a perseverar en el reclamo de justicia.
En la madrugada del 13 de agosto de 1999, en Bogotá, dos sujetos desde una moto efectuaron cinco disparos contra Garzón, según los registros de la SIP. El periodista, humorista político y mediador humanitario, se dirigía en su vehículo a la emisora Radionet, donde trabajaba. Garzón, de 38 años, había denunciado que era víctima de amenazas de muerte. Su asesinato causó gran conmoción en Colombia y generó manifestaciones de consternación y repudio.
Como periodista, Garzón impuso el humor político con un estilo particular. Presentaba las noticias de su país de forma irreverente, sarcástica y a través de personajes populares, cuando se intensificaban los enfrentamientos entre paramilitares y grupos guerrilleros. Criticaba a la sociedad, al gobierno y la violencia.
En 2004, Carlos Castaño, comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado en ausencia a 38 años de cárcel como autor intelectual del asesinato, según la sentencia de la Justicia colombiana documentada por la SIP. Sin embargo, Castaño nunca fue detenido ni cumplió la sentencia. Fue asesinado un mes después de conocerse su condena.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que, si bien «la investigación sobre el asesinato de Garzón reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia, algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial, a 25 años de cometido el crimen».
José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien en 2018 también fue condenado como autor intelectual del homicidio a 30 años de prisión, cumple desde entonces su sentencia en una guarnición militar, no en una cárcel, según denunció Alfredo Garzón, hermano del periodista muerto. Otros miembros del DAS, narcos y sicarios que sabían del crimen también fueron asesinados.
En marzo pasado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso calificó el asesinato de Garzón como un crimen de Estado y manifestó que «la orden habría venido de más arriba». Lo afirmó en una entrevista con el medio estatal RTVC, parte de la cual fue reproducida por Infobae.
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, enfatizó que «para garantizar la procuración de justicia en este crimen es necesario profundizar la investigación del entramado criminal e identificar a todos los responsables, tal como lo vienen reclamando la familia y los grupos de defensa de la libertad de prensa».
Tras agotar las instancias judiciales internas, el caso fue presentado en 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La familia denunció la participación de funcionarios públicos en el homicidio y la incapacidad de la Justicia para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable.
El 5 de julio de 2022 la CIDH emitió un informe de admisibilidad. La decisión permitiría una nueva evaluación de las circunstancias del homicidio de Garzón, con la esperanza de que se pueda levantar el manto de impunidad que lo cubre.
El crimen de Garzón no ha prescrito debido a que en 2016 fue declarado delito de lesa humanidad, por la participación de agentes del Estado junto a grupos paramilitares.
La familia y sus representantes legales alegan que «la investigación fue desviada por funcionarios del DAS y torpedeada por miembros de la Policía, lo que demostró que la Fiscalía no había investigado de manera seria y exhaustiva todas las hipótesis, en particular las que apuntaban a la responsabilidad penal de miembros del Ejército a pesar de los numerosos indicios y pruebas».
