Las cancelaciones se produjeron a raíz de una investigación hecha por la Inspectoría de la JCE, en virtud de 82 peticiones de nuevos inscritos en estatus de “Solicitud Inhabilitada.”
Santo Domingo, República Dominicana–El oficial civil y otros seis empleados fueron cancelados por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), debido a que están envueltos en una presunta mafia instalada en la Oficialía del Estado Civil de Santo Domingo Este.
Según ha trascendido, la mafia también involucraba a empleados de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, desde donde se despachaban las actas para luego ser recibidas en Santo Domingo Este.
Mientras se ahondan las investigaciones, los cancelados por “faltas graves” son Juan Rodríguez Henríquez, oficial civil provisional; el archivista Marino Maríñez Lorenzo, las cajeras Jacqueline Medina Novas y Cecilia Sánchez Javier, así como Maritza Altagracia Terrero Pérez y Yohanny del Carmen Vargas Payano, asistente administrativa y validadora de actas, respectivamente.
Las cancelaciones se produjeron a raíz de una investigación hecha por la Inspectoría de la JCE, en virtud de 82 peticiones de nuevos inscritos en estatus de “Solicitud Inhabilitada”, las cuales se generaron en base a boletas auténticas para fines de cedulación, de las cuales 52 fueron expedidas por la Oficialía del Distrito Nacional.
La investigación arrojó que “las hojas de consulta para la expedición de las 52 actas de nacimiento fueron emitidas en la Oficialía de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional y luego expedidas en la Oficialía de la Cuarta Circunscripción de la Cuarta Circunscripción de Santo Domingo Este”.
Además de los referidos cancelados, también se dispuso el despido de Guillermo Alexander Santos Duval y el digitador Erick Bienvenido de la Rosa Arias, quienes “emitían hojas de consulta para la expedición de actas de nacimiento para fines de cédula, sin el peticionario reunir las condiciones descritas, ya que las entregaban a cualquier ciudadano que las solicitara sin documento que lo acreditara como titular”.
También se ordenó la cancelación del auxiliar general, Rafael de La Cruz Madrigal, y de Nathanael Hernández Riveras, auxiliar de la Dirección de Cedulación, así como de María Altagracia Fondeur Silvestre de Cuevas, la asistente administrativa.
Anomalías
La indagación estableció, según el informe de sus resultados, que en su condición de oficial del Estado civil, el susodicho Juan Rodríguez Henríquez “incumplió” la Ley 659-44 de los Actos del Registro Civil y la Circular No. 56, la cual instruye investigar “un documento de identidad viciado o instrumentado de manera irregular, al consentir que el personal de esa dependencia realice la expedición de hojas de consulta de actas de nacimiento para fines de cédula sin el peticionario reunir las condiciones establecidas: ser solicitadas por el titular del acta o a requerimiento de uno de los padres, que deberá presentar un documento que lo identifique como tal”.
Igualmente, se le atribuye intentar repetidamente y de forma “irrespetuosa”, “desconsiderada u ofensiva a sus subalternos y al público”, y por “permitir al empleado Marino Maríñez el funcionamiento de un negocio de fotografía dentro de la Oficialía en horas laborables”.
