El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «penalizar la publicación de información de interés público y periodístico, sobre todo cuando se trata de un funcionario de alto nivel, es un atentado contra la libertad de prensa».
Miami, EE.UU. — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de contraria a la libertad de prensa una decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de México de iniciar una investigación penal contra el periodista Mario Maldonado, por haber publicado un audio que involucra al Fiscal General y a un subalterno en un tema de interés público.
La FGR inició investigaciones contra Maldonado por difundir en su cuenta de Twitter una grabación entre el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador Juan Ramos.
El video, publicado el 3 de mayo en Twitter después de que se lo diera a conocer en YouTube, recoge una conversación telefónica de más de tres minutos entre Gertz Manero y Ramos sobre supuestos acuerdos que aquel habría alcanzado con ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Los acuerdos serían para que permanezca en la cárcel un miembro de la familia política del Fiscal General, acusado de asesinar a su hermano Federico Gertz. El audio también fue difundido en la mayoría de medios del país.
Maldonado podría ser acusado por espionaje, un delito federal que se sanciona con hasta 12 años de prisión.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «penalizar la publicación de información de interés público y periodístico, sobre todo cuando se trata de un funcionario de alto nivel, es un atentado contra la libertad de prensa».
Canahuati, CEO del grupo Opsa, de Honduras, instó a la FGR a ponderar el caso y evitar que se convierta en un nefasto precedente y motivo de autocensura para el periodismo mexicano, ya golpeado por tanta violencia».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, consideró que se trata de «un caso de abuso de privilegios». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo: «Vemos a un alto funcionario convirtiéndose en juez y parte, al usar mecanismos a su disposición, aprovechándose de su condición de funcionario, para intimidar a un periodista porque reveló asuntos que lo incomodan y que muestran irregularidades en su gestión».
Las autoridades de la SIP recordaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece: «Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad». Además, la Declaración de Chapultepec consigna: «Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público».
Maldonado explicó en una columna en El Universal: «La intención al revelar la información por la que se me acusa fue siempre privilegiar el derecho a saber del pueblo… Creo fervientemente que la información de interés público es aquella que no busca saciar la curiosidad de las personas, sino aquella que le permite ejercer de mejor modo su participación en la vida pública y actuar en consecuencia».
Maldonado es director editorial de ELCEO.com. Fue columnista de Milenio Diario, El Financiero Bloomberg, Fortune en Español y The Washington Post.
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