La CPI supone una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos: se arroga la autoridad para juzgar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.
Washington, DC.-El secretario de Estado Marco Rubio anuncia una campaña de gran envergadura para desmantelar «la amenaza que supone la Corte Penal Internacional (CPI) para la soberanía de Estados Unidos», conforme indica el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos.
«La campaña contará con una respuesta coordinada de todo el Gobierno para impedir sistemáticamente que la CPI pueda operar, actuar contra militares o funcionarios estadounidenses, o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense.»
«La CPI supone una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos: se arroga la autoridad para juzgar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos», subraya Rubio.
Los estadounidenses nunca aceptaron esto, y todos los presidentes estadounidenses desde la ratificación de la CPI han sostenido que esta no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses.
La CPI ya abrió anteriormente una investigación sobre militares y agentes de inteligencia estadounidenses y, desde entonces, se ha negado a archivar estos casos.
La CPI pretende ahora convertirse en el árbitro mundial sin rendir cuentas a nadie, situándose por encima y más allá del Estado nación como un brazo supranacional de una burocracia globalista facultada para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo. Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que supone la CPI para los estadounidenses.
La campaña incluirá una amplia gama de medidas destinadas a garantizar que la Corte Penal Internacional sea incapaz de amenazar la soberanía de Estados Unidos o tener a los estadounidenses como objetivo.
Entre las medidas que se están considerando se incluyen:
Llamadas diplomáticas del Secretario de Estado, el Vicesecretario, embajadores y otros miembros de la alta dirección a países extranjeros en las que se destacarán los abusos de la CPI y los riesgos que supone para los estadounidenses y otras naciones, instándolos a retirarse de la CPI.
Se insta a los países que colaboran con las fuerzas del orden estadounidenses y con el ejército de Estados Unidos, o que se benefician de la cobertura de seguridad de Estados Unidos, a que rechacen la supuesta autoridad de la CPI para juzgar a funcionarios y militares estadounidenses.
Mayor escrutinio de los países que se nieguen a rechazar la falsa autoridad de la CPI a la vez que dependen de la ayuda estadounidense.
Iniciativas diplomáticas para instar a otros países que, al igual que Estados Unidos, no son parte del Estatuto de Roma, a que aprovechen sus redes diplomáticas para emprender acciones similares junto a nosotros.
Revocación de visados y prohibiciones de viaje para el personal de la CPI.
Incremento de la imposición de sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas, de acuerdo indica la nota del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
