Constitucionalistas de distintas corrientes y gran parte de la oposición calificaron de amenaza a la división de poderes el paquete de proyectos de ley que el presidente Milei envió el miércoles al Parlamento. (Foto: Cortesía de la Voz de América).

El presidente, Javier Milei, rechaza críticas de opositores a su proyecto de reforma de la economía argentina

Buenos Aires, Argentina — Tras la polvareda que levantó el envío al Congreso de un megaproyecto para cambiar la legislación vigente en materia económica, fiscal, electoral, social y de seguridad, el gobierno del ultraliberal Javier Milei afirmó que la iniciativa apunta a que el Estado argentino “deje de molestar a los ciudadanos”.

“Queremos un Estado que no nos digite la vida. Que no nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino que podamos decidir por nosotros mismos”, dijo este jueves el portavoz gubernamental Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, informa nuestra emisora aliada la Voz de América.

“Y redunde en que la actividad económica vuelva de una vez por todas a florecer en la República Argentina”, agregó.

Constitucionalistas de distintas corrientes y gran parte de la oposición calificaron de amenaza a la división de poderes el paquete de proyectos de ley que Milei envió al Parlamento y que, entre otros puntos, contempla la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia “económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” por un plazo de dos años, aunque prorrogables hasta fin del mandato de Milei en 2027.

Por ejemplo, el gobierno podrá tomar deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso, como rige hasta ahora.

La iniciativa oficial también plantea una reforma electoral, endurece las penas contra las protestas callejeras, propone una amnistía fiscal, deja sin efecto la fórmula que establecía el aumento de las jubilaciones, habilita la privatización de empresas públicas y, desregula el mercado de hidrocarburos.

Además, arancela la educación pública universitaria para extranjeros no residentes, flexibiliza la legislación medioambiental y abre la puerta al divorcio sin intervención de la justicia, entre otros.

“Queremos un Estado que no nos digite la vida. Que no nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino que podamos decidir por nosotros mismos”, dijo este jueves el portavoz gubernamental Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.