La Fiscalía sostiene en la solicitud de medidas de coerción que los imputados del caso KAF guardaban armamentos ilegales, dinero en efectivo y que las armas de fuego no poseen documentación para su porte, tenencia o venta.
Santiago, República Dominicana — La Fiscalía de esta provincia solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente imponer prisión preventiva por un año a dos hombres involucrados en el caso KAF, imputados de tráfico de armas de fuego y distribución de sustancias controladas y arrestados en allanamientos en los que se incautaron armas de alto calibre y drogas, así como dinero en pesos y dólares.
Los imputados Gregory Alberto Diplán Güichardo y Juan Miguel Almonte Padilla (Colita) enfrentan cargos por comercializar con redes del crimen organizado armas de fuego de alto calibre y distribuir drogas narcóticas.
El Ministerio Público formuló contra los encartados, la calificación jurídica provisional descrita en los artículos 4, literal B; 6, letra A y 75 párrafo 1 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Además, la violación a los artículos 66, 67, 68, 69 y 266 de la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
En los allanamientos en los que se arrestó a los imputados participaron 10 fiscales del Ministerio Público de Santiago, encabezados por el titular, Osvaldo Bonilla, y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Estas diligencias contaron además con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
La Fiscalía sostiene en la solicitud de medidas de coerción que los imputados guardaban armamentos ilegales, dinero en efectivo y que las armas de fuego no poseen documentación para su porte, tenencia o venta.
Las armas que eran adquiridas en el extranjero y traídas al país a través de la compañía Quisqueya Shipping, estaban destinadas al uso ilegal de organizaciones del narcotráfico, lo que constituye una amenaza para la salud y la seguridad, un bien jurídico que el Estado, a través del Ministerio Público, debe garantizar.
El tribunal apoderado de la solicitud aplazó la audiencia para el próximo miércoles, a petición de los representantes legales de los imputados.
El cargamento ocupado incluyó, entre otros, seis fusiles, dos pistolas y 6,796 cápsulas, así como más de 4 millones de pesos y más de 17 mil dólares.
En los operativos se incautaron 6,689 cápsulas calibre 9mm, así como 9 cargadores para fusil, calibre 5.56 x 45, marca PRO MAG
También, dos cargadores para pistolas 9mm, tipo Tambor y uno para pistola, calibre 9 mm, con capacidad para 31 cápsulas.
