Destaca solidez de investigación en el caso Calamar tras decisión sobre medida de coerción.
Santo Domingo, República Dominicana – El Ministerio Público de la República Dominicana ha destacado la decisión del tribunal en relación con la Operación Calamar, una red de corrupción que ha sido objeto de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.
La jueza Kenya Romero debió tener pruebas necesarias para imponer medidas coercitivas a los 20 imputados en este caso, respaldando la solidez del expediente presentado por el Ministerio Público.
Rechazo de pedimentos de libertad pura y simple
La procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, destacó el hecho de que el tribunal rechazó todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple realizados por las defensas, argumentando que no había suficiente vinculación con el caso. La magistrada dijo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran más que suficientes para esta etapa y que todas las solicitudes fueron absolutamente rechazadas.
Investigación continua en curso
Reynoso fue contundente al señalar que esta investigación continúa en curso y que todo el que haya cometido un ilícito será llevado ante los tribunales. La política del Ministerio Público es perseguir a todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal, de acuerdo al Estado de derecho, haciendo todo el esfuerzo necesario para trabajar en casos fuertes.
Solicitud de juez especial
Con relación al diputado Sergio Moya, mencionado en el Caso Calamar, Reynoso informó que en las próximas horas el órgano perseguidor solicitará a la Suprema Corte de Justicia un juez especial que conozca los hechos relacionados con él. Todo aquel contra quien el Ministerio Público tenga pruebas será investigado formalmente.
Decisión del tribunal
En su decisión, el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quienes cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, le fue impuesto arresto domiciliario, una garantía económica de 20 millones de pesos y un impedimento de salida del país.
