António Guterres pide a las autoridades liberar a los detenidos arbitrariamente.
Al menos 19 personas han sido detenidas arbitrariamente en todo el país antes de la toma de posesión, y al menos ocho desaparecidas forzadamente, según un grupo de expertos independientes
Nueva York, Estados Unidos. -El Secretario General sigue la situación en Venezuela “con gran preocupación” y condena la detención de un gran número de opositores y activistas desde las elecciones de julio, ha asegurado este viernes su portavoz.
“Una salida pacífica a la crisis política requiere el pleno respeto de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, a tener opiniones sin interferencias y a la reunión pacífica”, dijo Stephan Dujarric a la prensa.
Guterres “condena enérgicamente la detención de un gran número de personas, incluidas figuras de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio”.
Además, “insta a las autoridades a garantizar y respetar sus derechos humanos y a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente”, añadió.
“El Secretario General entiende la frustración de gran parte de la población venezolana y cree que el camino hacia una Venezuela pacífica requiere el pleno respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana y por eso está tan preocupado por los arrestos que hemos visto desde julio, pero especialmente en los últimos días”, contestó el vocero a preguntas de la prensa sobre el futuro del país.
Poco antes, el equipo de la ONU en Caracas había pedido «garantizar y respetar los derechos humanos» en el país, destacando que «el diálogo inclusivo es clave para el bienestar y la paz de todo el pueblo venezolano».
«Toda persona tiene derecho a la seguridad e integridad personal, a las garantías judiciales y a las libertades de expresión, de opinión sin injerencias, de asociación y al derecho a la reunión pacífica”, dijo el equipo en un comunicado en su cuenta de X.
Clima de terror
En la misma línea, un grupo de expertos en derechos humanos* dijo que Venezuela debe poner fin a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de miembros de la oposición y activistas prodemocracia antes de la toma de posesión del tercer mandato del presidente Nicolás Maduro.
Los partidos de la oposición venezolana han llamado a los ciudadanos a unirse a las manifestaciones contra las supuestas irregularidades electorales en los comicios de julio de 2024 en el país durante la investidura presidencial de hoy.
“En repetidas ocasiones, estas convocatorias de protestas pacíficas han ido seguidas de informes sobre el uso sistemático de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades del Estado, con el fin de aplastar la disidencia”, afirmaron los expertos.
Según los informes recibidos, al menos 19 personas han sido detenidas arbitrariamente en todo el país antes de la toma de posesión, y al menos ocho desaparecidas forzadamente.
En agosto y septiembre de 2024, varias expertos de la ONU mostraron su preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales de Venezuela.
Destacaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, despidos ilegales, revocación de pasaportes, persecución y enjuiciamiento de opositores políticos y personas que ejercían su derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión, y violaciones del debido proceso e irregularidades durante las elecciones y después de ellas.
“Se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos; las víctimas siguen desprotegidas y no ha habido rendición de cuentas ni justicia contra los perpetradores, ni garantías de no repetición en medio de las nuevas movilizaciones y protestas que se esperan en los próximos días. La población se encuentra bajo una situación de terror por las reacciones que ha tenido el Estado”, advirtieron.
Aunque algunas personas que fueron detenidas después de las elecciones han sido puestas en libertad, los expertos plantearon al Gobierno decenas de casos de desaparición forzada de personas vinculadas a sus afiliaciones políticas reales o percibidas, incluida las ocurridas desde el 28 de julio de 2024, y siguen sin resolverse.
