En esta imagen de archivo, del 28 de mayo de 2018, policías con equipo antimotines, montados en la parte trasera de camionetas, disparan a estudiantes que protestaban contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua. (Foto AP/Esteban Félix, archivo).

Los expertos de la ONU pidieron a los gobiernos que se emprendan investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión.

San José, Costa Rica — Un informe de un grupo de expertos de derechos humanos conformado por las Naciones Unidas determinó este jueves que el Gobierno de Nicaragua desde el año 2018 está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Dentro de ellas se encuentran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.

El informe asegura que encontró un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.

De igual forma señala que el Gobierno de Nicaragua obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes, informa la Voz de América.

“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo el experto independiente Jan Simon.

“La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”.

Simon agregó que las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral “para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras.

“El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.