El fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia afecta a la operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, administrados desde 1997 por la empresa Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison, vinculada con China
Ciudad de Panamá — La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló este jueves la concesión que permitía a una filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos estratégicos en ambos extremos del canal de Panamá, tras declarar inconstitucionales las leyes que sustentaban el contrato, según informó el propio tribunal en un comunicado.
El dictamen del tribunal, difundido ampliamente por medios de prensa en la capital panameña y en un comunicado de la Presidencia, afecta la operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, administrados desde 1997 por la empresa Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison.
La Corte no detalló los fundamentos específicos de la inconstitucionalidad ni precisó las consecuencias inmediatas para la continuidad de las operaciones del Canal por parte de la empresa subsidiaria de Hong Kong, vinculada con el gobierno de China.
La nulidad del contrato fue solicitada por la Contraloría General de la República, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión resultaba “inconstitucional” y que se habían producido diversas irregularidades.
El contralor Anel Flores afirmó que una auditoría detectó pagos no realizados, errores contables y la presunta existencia de una “concesión fantasma” dentro de los puertos desde 2015, acusaciones que la empresa negó.
De acuerdo con la auditoría, las irregularidades habrían generado un perjuicio aproximado de 300 millones de dólares al Estado panameño desde la extensión del contrato en 2021 y de unos 1.200 millones de dólares durante los primeros 25 años de la concesión original.
Flores también sostuvo que la renovación del contrato careció del aval obligatorio de su despacho.
El presidente panameño José Raúl Mulino calificó en reiteradas ocasiones el contrato como “leonino” y “contrario a los intereses nacionales”, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en varias oportunidades que China controla el canal de Panamá a través de los puertos operados por la compañía hongkonesa, pese a que la vía marítima es administrada por una entidad pública panameña autónoma.
