Leidy Blanco García, Coordinadora de la Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana, dijo que dicha entidad está atenta a todos los casos de corrupción que se están ventilando en los tribunales de la República Dominicana, y subrayó la necesidad de sentencias ejemplarizantes, en línea con las expectativas de la población dominicana
Santo Domingo, República Dominicana – La Coordinadora de la Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, expresó su preocupación por la extinción de la acción penal en casos de corrupción, citando ejemplos como el de los Tres Brazos y Los Súper Tucanos, que han resultado en sentencias que parecen otorgar impunidad.
Blanco destacó que Participación Ciudadana está atenta a todos los casos de corrupción que se están ventilando en los tribunales de la República Dominicana, y subrayó la necesidad de sentencias ejemplarizantes, en línea con las expectativas de la población dominicana.
En relación al caso de corrupción administrativa Medusa, Blanco señaló que este caso lleva tres años en los tribunales, mientras que la extinción de la acción penal ocurre a los cuatro años, lo que genera preocupación. La posibilidad de extinción de la acción penal podría beneficiar a los imputados y afectar negativamente al sistema de justicia en el país.
Recordó que el año pasado, Participación Ciudadana envió una comunicación al Poder Judicial solicitando la agilización de los procesos judiciales, considerando la gran cantidad de imputados en el caso Medusa y las negociaciones con 41 personas físicas que han facilitado el proceso.
Respecto a las propuestas del presidente, Leidy Blanco manifestó que Participación Ciudadana está de acuerdo en buscar una nueva forma de designación del Procurador General de la República, dado que muchos de los anteriores procuradores han estado vinculados a partidos políticos, lo que ha afectado la independencia de la institución.
Expresó además que esa institución no partidaria quiere que se le quite al presidente de la República la potestad de designar al procurador mediante un decreto. Para ello, sería necesario modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al procurador de dicho consejo, y que sea este organismo el encargado de elegir al procurador.
En su opinión personal, Leidy Blanco manifestó que cree que el procurador debería provenir del Ministerio Público, ya que quienes se forman en el MP aspiran a seguir creciendo dentro de la institución, ya que se preparan para ello.
Aunque el presidente incluye abogados en el proceso de selección, Blanco no está de acuerdo con esta práctica.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa «El Día», que se transmite de lunes a viernes por Telesistema.