La directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, explicó que la investigación está en la fase inicial y que se está examinando. (Foto: Fuente externa).

Dos demandas involucran a siete funcionarios y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Santo Domingo, República Dominicana–La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, (Pepca), inició la investigación de dos denuncias interpuesta contra la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y siete funcionarios por supuestos actos de corrupción cometidos con la aprobación del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.

La directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, explicó que la investigación está en la fase inicial y que se está examinando.

La Corporación Aeroportuaria del Este depositó las querellas ante la Pepca por presuntas irregularidades cometidas en la aprobación del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.

La instancia es contra la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y siete de sus funcionarios que dieron la no objeción que facilita la ejecución de la obra.

La denuncia incluye a los funcionarios Johann Estrada Pelletier, Francisco Bolívar León Paulino, Julio César Mejía Alcántara, Félix Alejandro Rosa Martínez, Juan Ramón Cabrera Santana, Fredy Antonio Ruiz Lara y Julio César Rodríguez Alcántara.

Los accionantes están representados por el abogado Miguel Valerio Jiminián, y los funcionarios habían sido intimados a través de acto de alguacil.

En tanto, el gobierno del presidente electo Luis Abinader revisará las obras iniciadas por la administración saliente con amplias auditorías, incluida la del aeropuerto internacional de Bávaro, afirmó el próximo ministro de Obras Públicas.

Durante una reunión con otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el ministro designado, ingeniero Deligne Ascención, afirmó que es normal y prioritario en la gerencia revisar todo lo que se va a recibir para ver el estado y la condición de lo que se está recibiendo.

El presidente de la empresa ABRISA, George Hazoury, ha negado toda irregularidad y ratificó que en el proceso de aprobación del AIB se cumplió con todos los requisitos que demandan las leyes y organismos del país.