El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue condenado a más de 20 años de prisión por cargos de corrupción en el caso de sobornos de Odebrecht
Lima, Perú — La justicia peruana condenó el lunes al expresidente Alejandro Toledo a 20 años y seis meses de cárcel por aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicarle una millonaria obra de infraestructura.
El tribunal a cargo del proceso lo sentenció, además, con tres años de inhabilitación para ejercer cargo público, tal como lo había solicitado la fiscalía.
Toledo es el segundo exmandatario peruano condenado por corrupción, luego de que el recientemente fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) recibió en 2009 tres sentencias por ese delito, aparte de otra como autor mediato de 25 asesinato, informa nuestra aliada de medios, la Voz de América.
Pero Toledo es el primer expresidente condenado en el conocido como caso Odebrecht, en el que están siendo investigados otros tres exmandatarios peruanos: Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente Alan García se suicidó en medio de las investigaciones por el mismo caso, que también salpica a la excandidata Keiko Fujimori.
«Esta es una sentencia histórica», dijo a los periodistas el fiscal Domingo Pérez tras conocerse el fallo contra Toledo, que consideró como un «mensaje de que no puede haber impunidad en nuestro país, que los crímenes y la corrupción se castigan».
Por su parte, el abogado del exmandatario, Roberto Su, aseguró que apelarán a la sentencia y pedirá arresto domiciliario. Además, dijo que Toledo «estaba preparado para decisiones como esta. Es un hombre fuerte».
Toledo, que gobernó entre el 2001 y 2006, recibió según la fiscalía, hasta 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, ahora conocida como Novonor, para permitir que la empresa ganara una licitación pública para construir 650 kilómetros de una carretera que actualmente une la costa sur de Perú con una zona amazónica de Brasil.
Esa parte de la carretera costaba al inicio 507 millones de dólares, pero Perú terminó pagando 1.255 millones de dólares.
