La Corte Constitucional de Perú ordenó el martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple condena de 25 años de cárcel por actos de corrupción y violación a los derechos humanos
Lima, Perú — El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos y corrupción, según un documento judicial publicado el martes, días después de que un juez local rechazó dar curso a un indulto humanitario concedido al político hace unos años.
La máxima corte resolvió «declarar fundado» un recurso para restituir el indulto humanitario y ordenó al instituto penitenciario disponer «la inmediata libertad» de Fujimori, precisó el documento del organismo.
El expresidente, que estuvo en el poder durante la década de 1990, recibió un indulto presidencial en la víspera de Navidad de 2017, pero tras unos meses en libertad fue vuelto a prisión por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras los reclamos de familiares de las víctimas de abusos.
En el 2022, el Tribunal Constitucional había emitido otro fallo a favor de Fujimori, pero quedó nuevamente suspendido, informa la Voz de América.
Fujimori, de 85 años, fue condenado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su Gobierno enfrentaba a la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
Conforme y alegre
El tribunal dictaminó la liberación inmediata de Fujimori del centro de detención donde se encuentra recluido, dentro de una base policial a las afueras de Lima
Su abogado Elio Riera dijo al medio local RPP Noticias tras reunirse con el exmandatario que «se ha mostrado muy conforme, ha tomado con mucha alegría este mandato».
Informó, además, que las autoridades liberarían a Fujimori el miércoles debido que la resolución se dio a conocer fuera de los horarios para realizar los trámites necesarios.
«Consecuencias jurídicas»
La decisión del Tribunal Constitucional provocó el enojo de activistas de derechos humanos, que afirmaron que con ello Perú estaría entrando en rebeldía con los organismos internacionales que han pedido justicia para las víctimas de abusos.
«Esto es gravísimo para el estado de derecho. Esto va a tener consecuencias jurídicas internacionales», dijo Carlos Rivera, abogado de la ONG Instituto de Defensa Legal.
La semana pasada, la Corte IDH dio al Estado peruano un plazo que vence el 6 de diciembre para que le envíe un informe sobre su solicitud de abstenerse de liberar al expresidente Fujimori, después de que la máxima corte del país andino abrió el camino para restablecer el indulto humanitario.
