La medida anunciada por el presidente Luis Abinader otorga un mandato expreso al equipo de coordinadores para que representen al Estado Dominicano en los procesos judiciales y acciones legales en los casos de distracción del patrimonio público.

El decreto 22-21, firmado por el presidente Luis Abinader, dispone la contratación de un panel de abogados junto a la Consultoría Jurídica para la recuperación del patrimonio público sustraído, como un asunto de interés nacional.

Santo Domingo, República Dominicana–El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, ordenó este miércoles por decreto la conformación de un equipo de abogados que se encargará junto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de iniciar un proceso de recuperación de los bienes sustraídos del Estado mediante alegadas acciones de corrupción administrativa.

En el Decreto 22-21, el presidente Abinader designa al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando Henríquez, como coordinadores de equipos.

“Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario”, se expresa en el decreto.

Agrega que el Gobierno tiene el compromiso firme de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la restitución de bienes y recursos que han sido distraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes.

El decreto otorga un mandato expreso al equipo de coordinadores para que representen al Estado dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores robados al patrimonio público.

También instruye a todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente en las instituciones que administran y notificar al equipo de abogados contratado, así como a prestar todas las asistencias, colaboraciones y facilidades que sean necesarias para la ejecución de los propósitos del decreto.