La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó que este delito no se limita a la posesión ilegal de armamento, sino que detrás existen estructuras criminales dedicadas a introducir, almacenar, transportar, distribuir y comercializar armas al margen de la ley. Señaló que combatir estas redes es fundamental para evitar que más armas lleguen a las calles y alimenten la violencia
Santo Domingo, República Dominicana – La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió que el tráfico ilegal de armas constituye una seria amenaza para la seguridad ciudadana, debido a que estas armas suelen terminar involucradas en homicidios, robos, narcotráfico, extorsiones y otras actividades del crimen organizado.
Ramos explicó que este delito no se limita a la posesión ilegal de armamento, sino que detrás existen estructuras criminales dedicadas a introducir, almacenar, transportar, distribuir y comercializar armas al margen de la ley. Señaló que combatir estas redes es fundamental para evitar que más armas lleguen a las calles y alimenten la violencia.
Fue durante una intervención en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m., donde se refirió a la denominada Operación Clave, una investigación del Ministerio Público que permitió desarticular una presunta red vinculada al tráfico ilícito de armas de fuego.
La magistrada indicó que este tipo de investigaciones requiere meses de trabajo técnico y coordinado. Entre las acciones se incluyen labores de inteligencia, análisis de dispositivos electrónicos, seguimientos, interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente y allanamientos supervisados por los tribunales.
Asimismo, explicó que las pesquisas buscan identificar no solo a quienes poseen armas ilegales. También persiguen determinar quiénes participan en la cadena de financiamiento, transporte, suministro y comercialización del armamento.
Ramos enfatizó que la lucha contra el crimen organizado debe desarrollarse con respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso. Recordó que toda persona investigada mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
Finalmente, sostuvo que la seguridad ciudadana también requiere acciones preventivas para impedir que las armas ilegales lleguen a las comunidades. Afirmó que estas medidas ayudan a reducir los riesgos asociados al crimen organizado y fortalecen la protección de la población.
