Mediante un comunicado oficial emitido por La Fortaleza se dio a conocer la información. La isla atraviesa una crisis tras los constantes sismos que han alterado emocionalmente a la población, además de daños en infraestructuras de consideración y hasta heridos.
La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó la Declaración de Emergencia para Asistencia Federal Directa (DFA, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico, una medida inmediata y a corto plazo que permitirá que el gobierno federal lleve a cabo o contrate los trabajos correspondientes tras los eventos sísmicos de los pasados días.
Esta declaración de emergencia incluye a los 78 municipios de la isla y permitirá que la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) asista a Puerto Rico en medidas de protección ante emergencias, bajo la Categoría B de la Ley federal Stafford. Conforme estipula la ley, estas labores se llevan a cabo antes, durante y después de un incidente para eliminar o reducir amenazas inmediatas.
“Apagones, escombros, infraestructura, negocios y residencias han recibido un impacto en todos los municipios de Puerto Rico como resultado de los terremotos. La magnitud de este evento es de tal gravedad, que el gobierno estatal y los gobiernos municipales de Puerto Rico no cuentan con la capacidad para responder de manera efectiva”, sostuvo la gobernadora en su misiva al mandatario federal.
La primera ejecutiva agradeció al presidente Trump y al administrador interino de FEMA, Pete Gaynor, por la pronta respuesta ante la emergencia y sentenció además que “el gobierno de Puerto Rico está comprometido con recuperarse de los daños que estos terremotos han causado y que continúan causando”.
Como parte de las medidas para salvar vidas y proteger salud y seguridad, Puerto Rico podrá recibir asistencia en la transportación y preubicación de equipo y otros recursos para una respuesta y para costos relacionados al Centro de Operación de Emergencias.
Además, la isla puede recibir asistencia para acceso de emergencia, suministros y productos básicos, cuidado médico y transportación, desalojos y albergues, inspecciones de seguridad, remoción de animales muertos, búsqueda y rescate, extinción de incendios, seguridad, cuidado masivo, así como el uso o alquiler de generadores temporeros para instalaciones que provean servicios comunitarios esenciales.
En cuanto a la protección de propiedad inmueble, la asistencia puede incluir la construcción de diques temporeros para la protección ante deslizamientos, reparaciones de emergencia necesarias para prevenir daños mayores, muros de contención, sostener o fortalecer instalaciones para estabilizar y prevenir derrumbes; y la estabilización temporera de inclinaciones o la remediación de moho.
Se informó, además, que la gobernadora designó al director ejecutivo de la Oficina para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Ottmar Chávez, como representante autorizado de la gobernadora (GAR, por sus siglas en inglés); y al secretario de Estado, Elmer Román, como el coordinador estatal (SCO, por sus siglas en inglés) para esta declaración de emergencia.
Por su parte, Chávez sostuvo que “agradecemos al presidente Trump y al administrador interino Gaynor por su apoyo inmediato ante esta inesperada emergencia que atraviesa la isla. La respuesta del gobierno federal es crucial en estos momentos para poder levantar a Puerto Rico de manera efectiva y tras la aprobación de esta declaración de emergencia, auguramos una respuesta más abarcadora”.
Mientras, la directora ejecutiva de la Adminstración de Asuntos Federales para Puerto Rico, Jennifer Storipan, fue enfática en que “esperamos que la recién firmada solicitud de asistencia federal directa sea un paso preliminar en un paquete de asistencia que proporcione ayuda al pueblo de Puerto Rico. Nuestro objetivo es lograr una acción rápida y canales de comunicación abiertos a medida que continuamos con la recuperación de la isla”.
La Declaración de Emergencia DFA está sujeta a un costo compartido entre el gobierno federal (75%) y local (25%).
