En cuanto a la persecución penal, dijo que han dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos, al indicar que se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos.

Durante su discurso de rendición de cuentas, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que la meta que se propuso “de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que al mismo tiempo garantice el debido proceso, va siendo alcanzada”.

Santo Domingo, República Dominicana — La procuradora general Miriam Germán Brito, durante el acto de rendición de cuentas del Ministerio Público correspondiente al año 2022, señaló que el Ministerio Público es el motor del proceso penal y resaltó que ese protagonismo es hoy día reconocido y valorado.

“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, manifestó.

“Lo anterior tiene un valor que debe ser resaltado. Sobre todo, en estos momentos. Debe entenderse que la justicia tiene sus reglas y sus tiempos”, subrayó durante el acto realizado en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Destacó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.

En cuanto a la persecución penal, dijo que han dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos, al indicar que se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos.

“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”, expresó en su discurso la máxima representante del Ministerio Público.

De la Ley que crea el Ministerio de Justicia, expresó que es vital clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, deslindándola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, que son propias de entes del Poder Ejecutivo.

Expuso que la sobrepoblación penitenciaria sigue siendo el principal desafío y que queda mucho camino que recorrer para lograr la dignificación de las cárceles.

“Lo que sí puedo asegurar es que, luego que unificáramos ambos sistemas, la coordinación interinstitucional requerida para mejorar las condiciones de quienes cumplen condena se ha hecho mucho más fluida y constante. Mientras ejerzamos la rectoría del sistema, no escatimaremos esfuerzos para humanizar el cumplimiento de la pena”, dijo.

Sobre avances puntuales del Inacif, explicó que se ha logrado la aprobación de la prueba de polígrafo que aplica el Instituto Internacional de Auditores Antifraudes, y se han comenzado a aplicar las pruebas inter-laboratorio, lo que dijo, confirma la calidad de las pericias que se realizan.

En relación con las situaciones recientes de violencia policial, refirió que se han llevado a cabo múltiples investigaciones y se han procesado más de 7 casos. “En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho”, señaló.

“Respecto de la cibercriminalidad, delito en crecimiento, hay investigaciones que nos colocan a la vanguardia en la región, que son utilizadas como ejemplo en materia de combate a la pornografía infantil y al cibercrimen trasnacional, como la Operación Discovery. Se brindaron, en general, 6,425 asistencias y se obtuvieron 9 condenas”, detalló.

En cuanto a la persecución penal, dijo que han dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos, al indicar que se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos.