El partido Fuerza del Pueblo, FP, exigió al Ministerio de Medio Ambiente explicar más de 2,500 “autorizaciones” sin claridad legal. Cuestiona contaminación en Hatillo, intervención en Valdesia y litigio sobre 12 millones de m² en Parque Jaragua
Santo Domingo, República Dominicana – El partido Fuerza del Pueblo, FP, denunció lo que definió como un colapso del sistema de protección ambiental en el país, producto de incapacidad institucional, permisividad, opacidad administrativa y un creciente riesgo al patrimonio natural de la nación.
La denuncia está contenida en un informe del titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu, presentado el miércoles intitulado “Nubarrones en el Panorama Ambiental Dominicano”.
Según Abreu, “El panorama ambiental dominicano luce muy nublado por la incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente para hacer cumplir los mandatos de la Ley que lo creó”, y afirma que la institución está fallando en su rol constitucional de protección y dejando sin respuesta situaciones que comprometen ecosistemas estratégicos.
Permisología bajo cuestionamiento
Resaltó en su exposición lo que calificó como el “primer nubarrón”: la permisología ambiental. Recordó que el Ministerio anunció como logro la emisión de 6,500 autorizaciones ambientales en 2025, pero posteriormente admitió que más del 60 % corresponden a certificaciones de impacto mínimo.
No obstante, advirtió que aún quedan más de 2,500 autorizaciones sobre las cuales no existe claridad pública respecto a su naturaleza jurídica. “Todavía quedan más de 2,500 autorizaciones que no se sabe si son licencias, permisos o constancias ambientales, cada una de las cuales conlleva requerimientos según su impacto”, señaló.
A la vez, el experto cuestionó la contaminación en la represa de Hatillo, intervención en Valdesia y litigio sobre 12 millones de m² en Parque Jaragua.
Indicó que desde el 5 de diciembre se solicitó formalmente acceso a esa información sin que el Ministerio haya respondido, lo que calificó como una violación a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
En ese contexto, afirmó que el derecho ciudadano abre la posibilidad de interponer un recurso de amparo para obligar a las autoridades a rendir cuentas.
“El Ministro debe responder”, enfatizó Abreu, advirtiendo que lo que se observa es “un relajamiento inaceptable de los indicadores y parámetros del sistema de protección de nuestros recursos naturales”.
