En un comunicado, la Cancillería dominicana advirtió que “Este proceder es una flagrante violación a las normas internacionales, en especial las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, de 1961 y 1963 respectivamente.”

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, emitió orden de arresto contra Edmundo González tras la derrota sufrida por el oficialismo en el país sudamericano, dominado por el régimen dictatorial de Maduro

Miami, Florida. – La República Dominicana se sumó a Argentina, Paraguay, Costa Rica, Perú, Guatemala e Uruguay, rechazando en un comunicado conjunto, la orden de arresto dictada por el Juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra Edmundo González, quien fuera el candidato presidencial opositor en las pasadas elecciones en Venezuela, efectuadas el 28 de julio del presente año.

De acuerdo las autoridades judiciales en el país dominado por el comunismo, la orden de arresto contra González, está fundamentada en supuestos delitos que los gobiernos firmantes en el acto conjunta, consideran «un intento de silenciar a un líder opositor y desconocer la voluntad popular.»

Los gobiernos de los países firmantes, entre los cuales está la República Dominicana, citan que «este acto es calificado como un claro ejemplo de persecución política en un país donde la separación de poderes y las garantías judiciales son prácticamente inexistentes.»

Los firmantes por los gobiernos de la República Dominicana, Uruguay, Argentina, Costa rica, Perú, Guatemala e Uruguay,»condenan las prácticas dictatoriales en Venezuela, subrayando la prevalencia de detenciones arbitrarias y la falta de un sistema judicial justo.

«En este contexto, los gobiernos expresan su firme compromiso de exigir a las autoridades venezolanas el respeto por la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia.»

Enfatizan en que «la comunidad internacional se mantiene atenta a la situación en Venezuela y reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano, instando a la restauración de la democracia y los derechos humanos en el país», precisan los gobiernos firmantes.