El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, lamentó la actitud beligerante de la administración Trump contra los periodistas y medios de prensa.

La primera medición de Chapultepec, basada en un trabajo de campo con expertos en cada país, reafirma que la independencia de poderes es vital para las libertades.

Miami, Florida, 3 de noviembre de 2020–La falta de independencia de los poderes públicos es la mayor amenaza a las libertades de prensa y expresión, demuestra el Índice Chapultepec, una nueva medición que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realiza en 22 países de la región.

La primera medición, realizada entre mayo de 2019 y abril de 2020, por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, basada en un trabajo de campo con expertos en cada país, reafirma que la mayor independencia entre los poderes públicos de un país es de vital importancia para las libertades.

Los informes y el análisis DOFApara cada país destacan a Venezuela, Cuba y Nicaragua al final de la tabla, en los tres casos, debido, principalmente, al dominio absoluto del Poder Ejecutivo sobre los poderes Judicial y Legislativo.

Además de las amenazas a las libertades de prensa y expresión, el estudio remarca como fortaleza la dinámica valiente de periodistas y medios independientes que hacen su trabajo a pesar de las restricciones crecientes. Entre ellas, se identifican la falta de acceso a la información, la persecución judicial y legal, y las restricciones a la movilización de los periodistas, así como la presión fiscal, las confiscaciones y la clausura de medios.

El Índice resalta como positivo el apoyo de la comunidad internacional al periodismo independiente de esos países, una ayuda necesaria para operar en mercados de profunda crisis económica. También subraya el uso avezado del internet para informar ante las restricciones políticas y limitaciones económicas para operar medios tradicionales.

El Índice recalca que la censura directa que aplican los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua se ha trasladado al espacio digital a través de bloqueos, hackeos, estigmatización y sanciones legales, aspecto que requiere de una vigilancia mayor por parte de las organizaciones intergubernamentales y la comunidad internacional.