El Ministerio Público también sostiene que las actuaciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas configuran delitos como “coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”. (foto cortesía Pexels)

El grupo utilizaba laboratorios de falsificación de documentos y reclutaban extranjeros ilegales para dotarlos de identidades falsas.

Por Diómedes Tejada

Santo Domingo, Republica Dominicana.-El Ministerio Público ha obtenido una victoria significativa en la lucha contra el crimen organizado en República Dominicana al lograr la imposición de tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los miembros de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos en la zona sur del país.

El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona, presidido por la jueza María Consuelo Valenzuela Pérez, ha dictaminado prisión preventiva para Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, José Alfredo de los Santos Gómez, Pablo Selmo de la Cruz (también conocido como Félix Pie) y Yonel Raphael. 

Además, se impuso garantía económica y presentación periódica para Modesto Ogando Alcántara y Nicauri Liselot Bone.

La declaratoria de complejidad del proceso, solicitada por el Ministerio Público y acogida por el tribunal, destaca la gravedad de las acusaciones presentadas. Estas incluyen la violación de múltiples artículos del Código Penal Dominicano y leyes relacionadas con la identificación y protección de datos personales.

La red operaba en la zona sur de la República Dominicana, con base en la ciudad de Barahona. Se dedicaba a la falsificación de documentos públicos con alcance trasnacional, vinculando sus actividades ilícitas con el lavado de activos.

El liderazgo de la red estaba a cargo de Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, quienes contaban con la colaboración de José Alfredo de los Santos Gómez, Divisay Altagracia Amparo de Vásquez y Nicauri Licelot Bone. 

Además utilizaban los servicios de Amauris Jesús Figuereo, Aquilino Alcántara, Cesar Augusto Feliz Reyes, Ismael Josue Gaurdaramos, para lograr su cometido de conseguir documentación falsificada a nacionales extranjeros, específicamente haitianos.

El grupo utilizaba laboratorios de falsificación de documentos y reclutaban extranjeros ilegales para dotarlos de identidades falsas.

La investigación, iniciada con el arresto de tres extranjeros ilegales en posesión de documentos falsos, llevó al descubrimiento de las operaciones de la red. 

Los extranjeros ilegales dijeron que facilitaban la identidad bajo el argumento que eran documentos legales y a cambio del pago de sumas que oscilan entre setenta mil pesos (RD$70,000.00) y cien mil pesos (RD$100,000.00).

En sus métodos de operación, utilizaban una furgoneta que se trasladaba a Barahona, específicamente a la comunidad de Enriquillo, donde reclutaban extranjeros ilegales para dotarlos de documentos falsos.

Durante los allanamientos, se incautaron máquinas para la confección de cédulas, cientos de plásticos de cédulas falsas y/o alteradas, así como otros materiales utilizados en la falsificación.

El Ministerio Público continuará trabajando en la desarticulación de estructuras criminales similares, en un esfuerzo por proteger la integridad de las instituciones y los ciudadanos dominicanos.

La red fue desmantelada gracias a la colaboración entre el Ministerio Público, la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral, la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y el Departamento de Inteligencia Sensitiva (DIS) de la Policía Nacional,