A pesar del esfuerzo de las autoridades de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de manera conjunta con las autoridades de República Dominicana, los viajes ilegales hacía Puerto Rico, siguen siendo un «dolor de cabeza» para los organismos que luchan por detener estas acciones ilegales.
La Altagracia, Santo Domingo.- El Ministerio Público logró que un tribunal de esta jurisdicción le impusiera tres meses de prisión preventiva a dos cabecillas de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico.
De acuerdo con una nota de la Procuraduría General de la República, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplicó la medida de coerción a los dominicanos Wilkins González Sosa y Vidal Figuereo Del León y/o Vidal Figuereo De León, arrestados entre el 26 y el 27 de septiembre pasado por agentes de la Armada de República Dominicana.
En esta etapa del proceso, el órgano acusador presentó 18 pruebas testimoniales, documentales, materiales, audiovisuales y referenciales que llevaron al juez Francis Reyes Diloné a imponer la medida cautelar que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey, provincia La Altagracia.
Por su vinculación a esta red también son procesados Cristopher Tavárez (Chuki) y Eddy Batista García, a quienes en abril pasado le fue impuesta medida de coerción consistente en prisión preventiva en esta provincia.
Miembros de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de La Altagracia avanzan en el proceso de investigación sobre este caso, al que se da seguimiento desde febrero pasado.
Esta red se dedicaba a promover viajes y a transportar vía marítima a personas hacia la vecina isla, con el fin de obtener sumas de dinero pagadas por los familiares de cada uno de los tripulantes una vez los trasladaran a Puerto Rico.
El Ministerio Público asignó a estos hechos la calificación jurídica de asociación de malhechores y tráfico ilícito de migrantes en el grado de ejecución, tipificados y sancionados en los artículos 1 letras F y H; 2 párrafo I y C; 5 y 7 letras C, D, E, G, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como también en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
En los últimos seis meses el Ministerio Público ha logrado que se apliquen medidas cautelares contra más de 45 personas involucradas en esa actividad de la criminalidad organizada.
