Según ADOCCO, en el grupo de los que no han rendido su declaración de patrimonio como estipula la ley, antes y después de ejercer un cargo, se incluye una exsenadora, diputados, alcaldes, regidores y vocales.
Santo Domingo, República Dominicana–La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, deplora que 3,919 funcionarios y ex funcionarios electos, no hayan cumplido con el mandato de la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
La entidad recordó que la ley establece cuáles funcionarios están obligados a declarar, a la llegada y salida de la posición para la fueron electos, entre los que se encuentran: Los senadores y diputados, así como los secretarios administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados; Alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales. Además, los directores y tesoreros de los distritos municipales.
La Ley establece en su Artículo 5.- “Declaración jurada inicial. Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.”
El Párrafo 1 precisa que “Cada vez que un funcionario público de los señalados en el artículo 2 inicie el ejercicio de un cargo, o sea reelegido para un nuevo período, presentará una declaración jurada de patrimonio.”
Mientras que el Párrafo II estipula que “Cuando el funcionario público sea objeto de una investigación sobre su patrimonio, la autoridad competente podrá requerir la actualización de su declaración jurada de bienes.”
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización, dijo que aunque la Ley solo contempla sanciones de carácter administrativo, refiriendo la aplicación de las mismas a la Ley 41-08 de Función Pública, sin embargo la no presentación en el plazo establecido, podría interpretarse como un ocultamiento del patrimonio del servidor.
Señala que ello pudiera conducir a la apertura de un proceso por enriquecimiento ilícito, por lo que le corresponde demostrar el origen lícito de su patrimonio, como lo establece el artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción en la administración pública.
Entre los omisos se encuentra una ex senadora, varios diputados y ex diputados, constituyendo la falta una vergüenza en vista de que fueron ellos los responsable de aprobar la Ley 311-14, como herramienta efectiva para enfrentar la corrupción.
Entre ellos se cuentan, además de los legisladores, la mayoría de alcaldes y ex alcaldes, directores y ex directores de distritos municipales, conjuntamente con regidores, ex regidores, vocales y exvocales, entre otros funcionarios designados por los cabildos, que también son sujetos obligados a presentar declaración jurada de patrimonio.
