El gobierno de El Salvador anunció el jueves el rompimiento del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), alegando la presunta contratación de un exalcalde acusado de corrupción como asesor de la OEA.
Washington, D.C.–La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó este lunes los argumentos del gobierno de El Salvador para retirarse de un convenio contra la impunidad concertado con esa entidad.
Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador anunció el jueves el rompimiento del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), alegando la presunta contratación de un exalcalde acusado de corrupción como asesor de la OEA.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo el viernes que haber confiado en la OEA para el convenio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), había sido un “error”.
Según la Fiscalía de El Salvador, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció el pasado 3 de junio, la contratación del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.
Muyshondt, quien gobernó la capital salvadoreña entre 2018 y 2021, bajo la bandera de la derechista ARENA, enfrenta un proceso penal por fraude procesal y agrupaciones ilícitas, informa la Voz de América.
En su comunicado de este lunes, la OEA “lamenta profundamente” la rotura del acuerdo y “las razones expuestas” en el comunicado salvadoreño.
La Secretaría General de la OEA aclara que “el señor Ernesto Muyshondt no fue contratado como dice su comunicado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó”.
“El señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la organización”, dijo la OEA.
Agrega que antes de “hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado al respecto y en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de realización del mismo”.
La OEA también alega en su comunicado que “ni aun la contratación hubiera dado al señor Ernesto Muyshondt inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos ‘impunidad’”.´
“Semejantes errores argumentales son inadmisibles desde todo punto de vista”, dijo la OEA.
No es una excusa
El organismo hemisférico precisó que La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país.
“Rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el Gobierno de El Salvador respecto a la CICIES”, las cuales “hacían imposible la continuación de los trabajos de la Comisión”.
Entre esas diferencias, señaló la “aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19” que “eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad”.
La OEA citó además “el asfixiamiento que ha realizado la fiscalía general a la CICIES en las últimas semanas cercenando completamente sus posibilidades de investigación” y “acciones de Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración”.
“La Secretaría General de la OEA consideraba, y así lo hizo saber a Gobierno y donantes, que sin estos elementos “la lucha contra la corrupción” es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar este proceso”.
La embajada en Estados Unidos en El Salvador lamentó la decisión del gobierno salvadoreño en terminar el convenio con la CICIES, y agregó que de igual forma buscará “reducir y combatir la corrupción e impunidad” en el país centroamericano.
