- La fiscal Rosalba Ramos dice que también los fiscales del Distrito Nacional son hostigados presuntamente por un inspector superior, a quien identificó como Juan Medina.
- La funcionaria judicial remitió su malestar en una carta a la procuradora general, Miriam Germán Brito.
Santo Domingo, República Dominicana–La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, denunció que el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, no solo la ha estado hostigando a ella, sino que mantiene a todos los fiscales del Distrito Nacional bajo un asedio constante.
“Sin lugar a dudas, Juan Medina, ha usado la violencia psicológica, la violencia verbal, la intimidación y la persecución en mi contra, lo que me ha causado a mí y a mi personal un daño de inconmensurables dimensiones ya que hoy en día, los fiscales del Distrito Nacional y, especialmente, la suscrita estamos bajo un asedio constante, inobservando las normas constitucionales, legales y reglamentarias, por parte del Inspector General del Ministerio Púbico”, indicó Ramos en una carta enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
La fiscal explicó que Medina, quien es procurador general adjunto, está haciendo un uso indebido, ilegal e irracional de su cargo para hostigarla y acosarla, y también al personal de la Fiscalía del Distrito Nacional, con el único de fin de abrirle un expediente para que sea destituida.
“Hasta el punto de llegar a amenazar a parte de mi personal con tomar retaliación en su contra, si no acceden a proporcionarle información sensitiva de la Fiscalía, que él pueda usar para abrirme un expediente disciplinario tendente a mi destitución”, dijo en la misiva.
Ramos, que es objeto de una investigación en la Inspectoría del Ministerio Público, le pidió a la procuradora Germán Brito disponer una investigación sobre los “métodos inquisitoriales” que dijo Medina lleva a cabo., informa el diario El Caribe.
Aseguró que Medina ha incurrido de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora, en prácticas de acoso moral y laboral contra la suscrita, que tipifican el delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal.
También, le solicitó dejar constancia de que está siendo laboralmente acosada, maltratada psicológicamente por el inspector general del Ministerio Público. “Con los tratos, acusaciones, señalamientos y manejos verbales que solo son dirigidos a mi persona y personal de apoyo, lo que tipifica el delito de violencia de género, consagrado artículo 309-1 del Código Penal Dominicano”, agregó.
Ramos afirmó que no pretende entorpecer ninguna indagatoria o entrevista a su persona, pero exigió que se respete el debido proceso, pues dijo que a pesar de haber solicitado formalmente, a través de sus abogados, el pliego de cargos de los hechos sobre los cuales supuestamente se le investiga “de oficio”, se le ha negado.
Por lo que pidió a Germán Brito que se le entregue todas las acusaciones, certificaciones y pruebas que garanticen su defensa adecuada.
Ramos dijo, que, a principio de este mes, Medina pretendía interrogarla en presencia de la también inspectora, magistrada Laura Vargas y que allí se le informó que verbalmente que se me le están investigando de “oficio”, por los siguientes hechos:
Por su participación en diversos medios de comunicación sin la previa autorización de la Procuraduría General, por el supuesto mal manejo dado por ella a las informaciones respecto del caso “Familia Rosario.
También, por su comentario en un programa radial matutino sobre los puntos de drogas que aparecían en la aplicación “Google Maps”, por supuestamente haber entregado tickets de combustible a la exencargada de prensa de la Fiscalía del Distrito Nacional, Licda. Kenia Carmona, cuando esta ya no trabajaba en el Ministerio Público.
Por supuestamente haber entregado de tickets de combustible a un periodista, que dijo desconocer, y cuyo nombre no recuerda.
De igual forma, dijo que se le informó que está siendo investigado por unas supuestas informaciones que Kenia Carmona sirvió a los periodistas mientras laboraba como encargada de prensa, en el sentido de que supuestamente la magistrada Olga Diná Llaverías había enviado informaciones relacionadas con la existencia de una solicitud de extradición del imputado Argenis Contreras (caso OMSA).
Y por supuestamente haber incurrido en faltas al enviar a los medios de comunicaciones notas de prensa sin previamente comunicarlo a la dirección de comunicaciones de la Procuraduría General de la República y por ello podía “ser destituida”.
