Las nuevas medidas subrayan “la transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.”
Ciudad de El Vaticano–La Secretaría para la Economía (SPE) publicó este 22 de junio el reglamento para aplicar la carta apostólica en forma de “Motu Proprio” sobre “la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Se trata de un decreto del delegado pontificio sobre las normas acerca del “Motu Proprio” publicado el 19 de mayo de 2020.
Este nuevo reglamento está formado por 49 artículos y siete anexos que contiene varios módulos para definir los procedimientos para los gastos y compras, pero no abarca las operaciones del sector inmobiliario, del que se espera otra legislación.
El documento describe que estas normas aplican a todas “compras de servicios, suministros, trabajos y obras” de la Curia Romana, las instituciones de la Santa Sede y las personas jurídicas aprobadas por el Consejo de Economía.
Además, todas las compras de los dicasterios vaticanos serán centralizadas, con instrucciones de la Secretaría para la Economía y de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).
Sin embargo, queda la posibilidad de acudir a la Comisión de Asuntos Confidenciales, para “conciliar las necesidades de confidencialidad con los principios de transparencia”.
Entre las reglas generales, se menciona un presupuesto inicial y se especifican las responsabilidades de cada uno, incluso con hipótesis de derogación de la centralización.
Después, la Secretaría para la Economía nombra un comité que funge como jurado sobre los procedimientos y para indicar situaciones de incompatibilidad y conflicto de interés y se excluyen los “operadores económicos investigados por delitos, ya sean en grado de tentativa o cometidos.”
«Así como tambén los delitos por “investigaciones relacionadas con la participación en una organización delictiva, los delitos de terrorismo y la explotación del trabajo infantil”.
