En un informe de evaluación, los directores del Fondo Monetario Internacional destacaron la importancia de las reformas estructurales para mejorar los resultados sociales y aumentar la productividad.
Washington, D.C.–El pasado 30 de junio, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV[1] con la República Dominicana, y rindió un informe con sus recomendaciones para frenar la inflación y mantener la estabilidad de la economía.
El informe subraya que la pandemia afectó severamente la economía de la República Dominicana en 2020, pero las políticas de apoyo ayudaron a amortiguar el impacto. Los efectos globales iniciales sobre el turismo y las exportaciones, así como el fuerte impacto del confinamiento en otros sectores, provocaron una fuerte contracción económica en el segundo trimestre.
Sin embargo, la solidez de los fundamentos económicos y una respuesta de políticas decisiva -que incluye el aumento de las transferencias sociales y el gasto en salud, el aplazamiento de impuestos y medidas focalizadas de alivio tributario, la flexibilización de la política monetaria, la provisión de liquidez y la flexibilidad prudencial- ayudaron a la economía a recuperarse gradualmente.
En general, la economía se contrajo un 6,7 en 2020, pero en la segunda mitad del año comenzó un impulso positivo en el crecimiento. La inflación aumentó en el segundo semestre de 2020, en gran medida como reflejo de los choques de oferta, pero las expectativas se mantuvieron bien ancladas.
Agrega que el continuo y sólido acceso a los mercados mundiales contribuyó al financiamiento del mayor déficit fiscal y el sector financiero se mantuvo resiliente. El déficit de cuenta corriente siguió siendo financiado más que en su totalidad por la Inversión Extranjera Directa (IED), lo que reforzó la posición de las reservas internacionales.
Se espera una importante recuperación a partir de 2021, con riesgos balanceados. Esta recuperación se verá favorecida por los efectos derrame de Estados Unidos y la rápida campaña de vacunación llevada a cabo por las autoridades. Se espera que el crecimiento de la economía dominicana converja a su potencial a medio plazo, cerrando progresivamente la brecha del producto.
Aunque se espera que la recuperación de las actividades turísticas sea gradual, las exportaciones de manufacturas, la inversión y el consumo se verían respaldados por el crecimiento mundial, la resiliencia de la IED y el dinamismo de las remesas. El mantenimiento de la brecha del producto, el anclaje de las expectativas de inflación y el carácter temporal de los choques de oferta deberían permitir que la inflación converja hacia el objetivo en el horizonte de la política monetaria.
El estudio señala que aunque el COVID ha afectado a las finanzas públicas, un retorno gradual a los balances primarios previos a la pandemia garantizaría una trayectoria descendente de la deuda pública. El balance de cuenta corriente seguiría estando financiado más que en su totalidad por la IED. Los riesgos están balanceados, reflejando en gran medida el brote de COVID: mientras que un ritmo de vacunación más lento de lo previsto o una pandemia prolongada podrían frenar el crecimiento, una contención global más rápida podría tener efectos positivos. Otros riesgos importantes son el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y los fenómenos meteorológicos extremos.
Evaluación del Directorio Ejecutivo [2]
Los Directores Ejecutivos estuvieron de acuerdo con la orientación de la evaluación del equipo técnico. Elogiaron la respuesta de política decisiva de las autoridades para proteger la salud y las condiciones de vida de los dominicanos, incluyendo el aumento del gasto en salud, las transferencias sociales, la reducción selectiva de impuestos y las políticas monetarias y prudenciales de apoyo.
Los directores coincidieron en que la República Dominicana está preparada para una fuerte recuperación económica en 2021, respaldada por la respuesta de las políticas, el repunte mundial y la rápida campaña de vacunación. Señalaron que los riesgos para las perspectivas están balanceados, principalmente asociados a la fortaleza y la velocidad de la recuperación mundial.
El panel coincide en que las políticas equilibran adecuadamente el apoyo continuo a la recuperación con la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Señalaron que la consolidación fiscal prevista protege el gasto crítico en asistencia social y salud mediante controles estrictos de los gastos no prioritarios y una mejor focalización de los programas sociales y de empleo.
El informe destaca la necesidad de movilizar los ingresos a mediano plazo mediante la ampliación de la base impositiva y la revisión de las exenciones fiscales. Señalaron que las nuevas reformas en el sector eléctrico ayudarán a crear un espacio fiscal para reducir los riesgos de sostenibilidad de la deuda, protegiendo al mismo tiempo la inversión y el gasto social. Los directores acogieron con satisfacción los recientes avances y destacaron las ventajas de seguir mejorando la gobernanza fiscal y la transparencia, entre otras cosas, mediante la mejora de la gestión de las finanzas públicas y la introducción de legislación sobre responsabilidad fiscal.
Además, coinciden en que el apoyo de la política monetaria sigue siendo apropiado mientras las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas, mientras que la flexibilidad del tipo de cambio ayudaría a proporcionar un amortiguador contra los choques.
Los directores coincidieron en que, si bien el sistema financiero sigue siendo resiliente y está bien supervisado, se beneficiaría de acercarse a las normas internacionales de supervisión y regulación y de mejorar el conjunto de herramientas macro prudenciales y de gestión de crisis. También señalaron que la recapitalización del banco central aumentaría su independencia financiera e institucional.
Los directores destacaron la importancia de las reformas estructurales para mejorar los resultados sociales y aumentar la productividad. Señalaron que para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible será necesario que los programas sociales sean más eficaces y se centren en aumentar la participación en el mercado laboral y el apoyo a la educación, modernizar el código laboral para permitir acuerdos de trabajo más flexibles y formales, reducir las brechas de competencias en el mercado laboral y abordar la pobreza rural y la desigualdad de género.
También destacaron la importancia de mejorar la competitividad y reducir la carga normativa. Los directores destacaron que la adaptación a los riesgos del cambio climático y su mitigación siguen siendo una prioridad.