El organismo periodístico deplora el asesinato de periodistas en el país.
Miami, FL.- La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, elevó su condena al asesinato de por lo menos tres periodistas ocurrido en México, desde octubre pasado: María Elena Ferral, Álvaro Ruiz y Fidel Ávila Gómez. Al mismo tiempo, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre México revela que el mecanismo de protección no tiene recursos para operar de manera eficiente.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una feroz campaña de estigmatización contra los medios y los periodistas. A continuación, parte del informe sobre la situación de la libertad de prensa en México, presentado ante la SIP.
«En este período persistió la violencia contra los periodistas, se registraron tres asesinatos, y el sistema de protección gubernamental mantuvo serias deficiencias de funcionamiento para amparar a aquellos reporteros que trabajan en zonas más vulnerables.
El 30 de marzo fue asesinada María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y directora del periódico digital Quinto Poder en Veracruz. Había denunciado amenazas de muerte. Ferral trabajó por más de 20 años en Diario de Xalapa, cubría los municipios de Poza Rica y Papantla, donde solía informar sobre desapariciones forzadas a manos de la policía.
El 7 de enero fue asesinado Álvaro Ruiz, locutor y gerente de la estación de Radio Pichucalco 102.1 FM. Reportes preliminares indican que su cuerpo fue encontrado en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Santo Domingo en el estado de Chiapas.
El 29 de noviembre Fidel Ávila Gómez, periodista de radio, se trasladó a la localidad de Altamirano en el estado de Guerrero para participar en un acto de la Expo Feria Cultural y Ganadera. Sus familiares desconocían el paradero del periodista hasta que el 8 de enero la Fiscalía General del estado de Michoacán anunció que su cuerpo fue encontrado en el interior de un vehículo propiedad del periodista con heridas causadas por arma de fuego.
La estructura de protección para periodistas no ha mejorado. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Cuenta Pública 2018 al Congreso, el Estado ha fallado en la protección a periodistas y defensores de derecho humanos. En 2018 el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicaran las causas de los rechazos.
El organismo fiscalizador destacó que en la Protección Integral de Periodistas el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas y aquellas acciones para protegerlos de los riesgos «han resultado fallidas». Agregó que las labores de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República para prevenir las agresiones, proteger la vida e integridad del gremio periodístico, así como atender a las víctimas y procurar justicia, «fueron implementadas de forma deficiente».
Las lagunas normativas, el incumplimiento de funciones, y la falta de rigor técnico y de voluntad política con los que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha ocasionado un aumento de la vulnerabilidad en los casos de periodistas.
El Mecanismo de Protección no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo», señala el documento de la ASF.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de delito.
Sigue un rezago de 69.5% para averiguaciones previas y del 58.6% en carpetas de investigación, lo que no permitió evitar la impunidad de los agravios, no garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad.
Existen varias iniciativas legislativas que pueden modificar la protección de la libertad de prensa.
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, anunció que propondrá una legislación que equilibre la libertad de opinión y el derecho a la dignidad pública de las personas, según se lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria está recopilando opiniones de periodistas para su proyecto de ley para reconocerles derechos profesionales, laborales y establecer estímulos fiscales a pequeñas empresas periodísticas.
El 12 de febrero la diputada del partido oficialista Morena, Rocío Barrera Badillo, anunció que no habría una nueva ley de carácter general para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y que en cambio presentará cuatro paquetes de iniciativas para modificar 12 leyes.
El primer paquete buscará reformar la ley de protección que de aprobarse le darían al Mecanismo Federal de Protección más alcance en el país, ampliaría las medidas de protección y garantizaría presupuesto anual.
En el Código Civil Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales buscará proteger al periodismo ante los excesos por demandas y sanciones por acusaciones de calumnias y difamación.
La legisladora también anunció la eliminación de la anacrónica Ley de Imprenta.
«No precisó si propondrá una nueva Ley del Gasto público en Publicidad, leyes que obliguen la investigación y sanción de delitos contra periodistas y si la Ley General de Víctimas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos permitirá sancionar a quienes obstruyan, agredan o impidan el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa», entre otros puntos señalados en el informe de la SIP.
Puede leer el informe completo ingresando aquí https://www.sipiapa.org/notas/1213761-mexico
