En un panel, hubo consenso entre panelistas y directivos de la SIP sobre la necesidad de visibilizar a aquellas empresas privadas de telecomunicaciones, tanto en Venezuela como Cuba que, manipuladas y exigidas por los gobiernos, bloquean sitios de internet de medios de comunicación y otros espacios periodísticos en línea.
Miami, EE.UU. – Representantes de medios y expertos en temas digitales analizaron este jueves los recursos utilizados por el gobierno de Venezuela para restringir el trabajo de la prensa independiente. Lo hicieron durante el webinario «La condenable agresión cibernética contra medios y periodistas», organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Hubo consenso entre panelistas y directivos de la SIP sobre la necesidad de visibilizar a aquellas empresas privadas de telecomunicaciones, tanto en Venezuela como Cuba que, manipuladas y exigidas por los gobiernos, bloquean sitios de internet de medios de comunicación y otros espacios periodísticos en línea.
«En países democráticos, estas empresas muestran y declaran prácticas consecuentes con los derechos humanos, pero deberían ser también consecuentes con sus propias políticas en los países autoritarios donde operan», expresó Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, de Venezuela, y director de la SIP.
Junto con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, quien moderó el debate, expresaron que «este tema debería formar parte de la agenda de discusión de libertad de prensa de la institución en las próximas reuniones».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, inició la sesión refiriéndose a documentos internacionales que desde hace varias décadas enfatizan sobre la importancia de la libertad de prensa en el ciberespacio. Condenó particularmente las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión en internet en Cuba, El Salvador y Venezuela.
Otero criticó a la dictadura venezolana y la falta de independencia de poderes. Habló en detalle sobre el fallo judicial irregular que le arrebató la propiedad de la sede de El Nacional como parte de pago de una indemnización de más de 13 millones de dólares a favor de Diosdado Cabello. Pero descartó de plano la amenaza de Cabello de arrebatarle a El Nacional su página web.
Luz Mely Reyes, directora y fundadora del medio digital Efecto Cocuyo, también de Venezuela, contó que desde 2019 la oficialista CANTV viene bloqueando en forma intermitente su sitio en línea. Agregó que desde el 1 de febrero la mayoría de las empresas privadas de telecomunicaciones ejecutan las órdenes de bloqueo del gobierno.
Denunció que el régimen de Nicolás Maduro es implacable para agredir y difamar a sus periodistas. Para contrarrestar la censura, Reyes contó que Efecto Cocuyo distribuye información por WhatsApp y otros canales. «Nos cierran una puerta, abrimos 10 ventanas para seguir informando; esa es la forma en que trabajamos los periodistas independientes venezolanos».
Marysabel Rodríguez, directora de Libertad de Prensa de la organización Espacio Público, dijo que, tras un censo que realizaron, identificaron 981 medios que todavía operan en aquel país, 17 por ciento de ellos nativos digitales. Agregó que el 20 por ciento sigue sufriendo bloqueos en internet, responsabilizando a CANTV y empresas privadas de telecomunicaciones.
Michel Roberto de Souza, director de Políticas Públicas de la organización Derechos Digitales, de Brasil, expresó que los apagones de internet «son nocivos para los derechos humanos». Destacó el planteamiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre el deterioro creciente del debate público y puso énfasis en el uso del software Pegasus por parte del gobierno salvadoreño para espiar a medios y periodistas.
El panel fue una presentación conjunta de la SIP con el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida
