La Sociedad Interamericana de Prensa dijo que las nuevas normas aprobadas en El Salvador «criminalizan» el periodismo en el país centroamericano.
Miami, EE.UU. –La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el miércoles las reformas aprobadas en El Salvador que limitan el trabajo de los periodistas e incluso pueden enviarlos a la cárcel por reportar hechos de la vida cotidiana.
En un comunicado emitido en Miami, Estados Unidos, la SIP dijo que las nuevas normas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas implican la «criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas».
Asimismo, señaló que contravienen los principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, consideró que se trata de «una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios que tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña».
“Un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas», dijo Canahuati.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad panamericana, Carlos Jornet, expresó que «es lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa».
Canahuati es un periodista hondureño presidente del Grupo Opsa y Jornet dirige La Voz del Interior de Argentina.
Las reformas prohíben a los medios de comunicación reproducir o transmitir mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delictivos “que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.
Esto incluye «textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada», que transmitan mensajes relacionados a grupos criminales.
Quienes violen estas normas podrían ser sentenciados a penas de prisión de 10 a 15 años.
La SIP recordó que El Salvador ocupa la posición 18 entre 22 países en el Índice Chapultepec de la SIP, un barómetro que mide las libertades de expresión y de prensa.
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